- En los próximos días, la institución fiscalizará si el recinto educativo actuó conforme a la normativa educacional y activó los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia y/o accidentes que pongan en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad educativa.
El superintendente Mauricio Farías aclaró que la acción fiscalizadora respetará los tiempos de atención de salud y contención emocional que se requieren en una primera instancia.
La Superintendencia de Educación inició una investigación de oficio para revisar cómo procedió el establecimiento educacional frente a la situación de emergencia registrada hoy, en la que resultaron heridos con quemaduras estudiantes y algunos docentes del Internado Nacional Barros Arana.
Junto con lamentar lo ocurrido y solidarizar con las personas afectadas y sus familias, el superintendente de Educación Mauricio Farías sostuvo que “en estos momentos, lo primero es atender la situación de salud de los estudiantes y docentes que se encuentran heridos, pero también desarrollar las acciones de contención emocional que sean necesarias para una comunidad que se encuentra profundamente impactada”.
“Según la normativa, las entidades sostenedoras son responsables de resguardar el bienestar e integridad de los miembros de la comunidad y aplicar protocolos ante situaciones de violencia o accidentes que les afecten y desde la Superintendencia de Educación tenemos la obligación de fiscalizar que ello se cumpla, es por esto que hemos ingresado esta denuncia y estamos en contacto con el establecimiento para apoyar y monitorear el abordaje de la situación durante los próximos días y semanas”, detalló Farías.
Además, el superintendente explicó que “ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las comunidades tienen el deber de denunciar y coordinarse con las instituciones a cargo de la seguridad pública, precisamente para resguardar a todos los estudiantes y equipos docentes y asistentes de la educación que se encuentren en el recinto”.
La Superintendencia reforzó el llamado a las comunidades educativas del país a desarrollar, permanentemente, acciones que favorezcan la convivencia y la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, usando las herramientas que dispone la normativa como los planes de gestión y protocolos de actuación, además de mantener una articulación constante con las policías e instituciones especializadas ante hechos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.
