Los diputados de la Bancada UDI, Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida y Cristián Labbé, oficiaron al Ministerio Público para que transparenten, con la mayor celeridad posible, la cantidad de hechos violentos que ocurrieron durante el denominado “estallido social” y que no han sido formalizados, puesto que a partir de este viernes 18 de octubre comenzarán a prescribir tras cumplirse cinco años.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas manifestaron su preocupación por todas las causas que podrían quedar impunes desde ese día en adelante, como son los saqueos, robos o hurtos que en dicha época se cometían prácticamente a diario en el país, además de los otros delitos que ocurrían en el contexto de las violentas manifestaciones, como los destrozos a la propiedad pública y privada.
Por lo mismo, y considerando que una cantidad indeterminada de casos nunca fueron formalizados al no existir las pruebas suficientes para dar con sus autores, Leal, Fuenzalida y Labbé exigieron a la Fiscalía Nacional aclarar en detalle dichas causas, argumentando que “es de toda justicia que los chilenos, en especial las víctimas, sepan si habrá responsables o no por los delitos que sufrieron”.
“La gran diferencia de este año con los anteriores, es que a partir del viernes 18 de octubre y en los días siguientes comenzarán a prescribir todos los simples delitos que se cometieron en el contexto del ‘estallido social’. No sólo estamos hablando de algunos robos, hurtos, saqueos, amenazas o lesiones menos graves, sino que también los daños y destrozos que ocurrían después de cada movilización y que terminaron con cientos de comerciantes y locatarios afectados. Todos esos delitos, si durante estos cinco años la Fiscalía nunca los formalizó, van a ser archivados y quedarán impunes, lo que sería una decepción para miles de víctimas”, cuestionaron los parlamentarios UDI.
Asimismo, Leal, Fuenzalida y Labbé también advirtieron que si a futuro la Fiscalía logra formalizar los delitos considerados de crímenes, como por ejemplo todos los incendios que ocurrieron durante esa época, entre ellos el delMetro de Santiago, los autores también se verían beneficiados con la llamada “media prescripción”, lo que a juicio de los legisladores sería “aún más doloroso para las víctimas”.
Pero además, los parlamentarios gremialistas también cuestionaron que, en paralelo, la mayoría de las causas vinculadas a funcionarios policiales y militares sí avanzaron con celeridad, señalando que “mientras los efectivos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentar procesos extensos y muchas veces sesgados, como fue el caso del ex cabo Sebastián Zamora, hay una cantidad indeterminada de delitos que probablemente queden en total impunidad y sin ningún condenado”.
“La Fiscalía Nacional tiene el deber de rendir cuenta sobre el trabajo que han desempeñado durante estos cinco años. Así como suelen informar las condenas asociadas al ‘estallido social’ que han logrado, también es fundamental que transparenten cuántos y qué causas no pudieron formalizar y que quedarán impunes. Es lo mínimo que deberían hacer con las víctimas y los chilenos”, reiteraron.
