Por 52 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la denominada “cuestión previa” planteada por la defensa de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez y Sergio Muñoz Gajardo.
Como consecuencia de ello, la Sala continuará ahora con el debate del fondo del libelo interpuesto por once legisladores.
En esta fase, la discusión se iniciará con la rendición del informe elaborado por la comisión que evaluó su admisibilidad. En él se estima que la acusación es procedente y se llama a aprobarla. Luego, intervendrán los abogados defensores de los magistrados.
Cabe recordar que la cuestión previa apela a que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos formales descritos en la Constitución para su presentación. Así, si se hubiese acogido, se habría apoyado dicha improcedencia.
Defensa de Vivanco
El primero que intervino ante la Sala fue el abogado de la defensa de la ministra Vivanco, el abogado Juan Carlos Manríquez. Primero, sostuvo la inhabilidad de votar de 62 diputados y diputadas. La razón es que habrían adelantado su convicción sobre la admisibilidad de esta, previo a su tratamiento en la Sala.
Para el abogado, dicha situación vulnera derechos fundamentales y los principios del derecho nacional e internacional. A su juicio, acá se trasgrede el debido proceso, impidiendo una efectiva defensa. Así, no sería necesario si quiera un juicio político como se pretende, sino que bastaría con que las y los diputados tengan una opinión, lo que contradice las bases del derecho. “Se debe actuar en todo momento guardando la regla de imparcialidad”, remarcó.
El segundo punto planteado refiere al cumplimiento de la regla de quórum para estos procedimientos. Dijo que, habiéndose admitido a trámite un libelo respecto de dos ministros que tienen la misma condición en la Corte Suprema, no existe una regla constitucional que permita dividir la votación. “No se pueden generar reglas donde el constituyente no las ha creado. El asunto es claro; es respetar las reglas”, acotó.
Recordó que la secretaría técnica de la Cámara explicó las normas constitucionales y legales que impiden una votación separada. Obrar contrariamente, evaluó, daría lugar a que, frente a un mismo libelo, se opte por condenar a uno y salvar a otro. Ello implicaría actuar de forma arbitraria, vulnerando los derechos de los acusados.
En tal plano, estimó que, si la acusación se rechaza, debe hacerse para todos los involucrados. “Eso es de justicia”, sentenció.
Abogado de Muñoz
En tanto, la defensa del ministro Sergio Muñoz, estuvo a cargo del abogado Jorge Correa Sutil. En su intervención, señaló que esta acusación vulnera la Constitución Política por afectar los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho a la legítima defensa.
Desde su perspectiva, esta situación es “aberrante”, pues se acusa en un mismo libelo a dos personas por conductas distintas. Esta situación, que calificó como “aberración jurídica”, viola los derechos humanos de quienes son acusados.
Agregó que, si bien hubo manifestaciones previas por parte de las y los diputados sobre la pertinencia de la votación única, entre los argumentos nadie desconoció que esa decisión conlleva una violación de los derechos humanos.
Así, también, alertó que, si no se aceptaba la cuestión previa y se decidía votar conjuntamente la acusación, se infringiría flagrantemente la Constitución. A su juicio, no respetar las formas y procedimientos es absolutamente incompatible con el Estado de Derecho.
“Ningún miembro de esta cámara tiene el derecho a someter a un colega a ese dilema”, interpeló la defensa de Muñoz. A lo que agregó que la acusación “no respeta la consciencia de quienes integran la cámara”, pues se les pide que hagan algo “jurídica, política y éticamente inadmisible”.
Integrantes de la comisión de acusación
La presidenta de la comisión, diputada Sofía Cid (IND), señaló que, luego del examen de los hechos, la acusación debe pasar al Senado. Planteó que, respecto de Ángela Vivanco, sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla denotan violación al deber de imparcialidad. Acusó abandono de dicho deber y de la circunspección en el trato con terceros, que quieren influir en fallos y pedirle favores. También acusó violación al principio de probidad.
En torno a Sergio Muñoz, cuestionó que haya protegido a su hija sobre la violación que obliga a los jueces a residir en el territorio nacional. Añadió que la influencia de Muñoz es evidente, cuando se espera un comportamiento ejemplar de los jueces en su función de custodia del derecho.
Yohanna Ahumada (IND) señaló que es el momento de abandonar cualquier sesgo ideológico. Planteó que las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas y minimizadas. Agregó, que los ciudadanos esperan que sus jueces actúen sin favoritismo y con total imparcialidad. Remarcó, asimismo, que los jueces deben ser modelos de integridad y que cualquier atentado de estos principios deben ser tratados con el máximo rigor.
Chiara Barchiesi (PREP) sostuvo que los jueces Vivanco y Muñoz han protagonizado hechos de la máxima gravedad. Dijo que ocuparon sus cargos y funciones en beneficio de amigos y familiares, realizando acciones totalmente contrarias a su acción jurisdiccional, como son la imparcialidad y la probidad. Planteó que sus hechos podrían ser, incluso, constitutivos de corrupción y constituyen un notable abandono de deberes.
Eduardo Durán (RN) expuso sobre la crítica formal, por la llamada anomalía, de acusar a dos jueces distintos por hechos diferentes, contenidos en una sola presentación. A su juicio, sería “una vulneración grave a las garantías de las personas acusadas”. Ello, porque no se diferenciaría el mérito de uno u otro. Luego, remarcó que, tras escuchar a diversos especialistas, cree que esto es un aspecto poco común pero no alcanza para que sea declarada inadmisible. Así, evaluó que no existen méritos para acoger la cuestión previa.
Jaime Sáez (FA) sostuvo que la presentación conjunta representa una manipulación política y estimó que las imputaciones deben votarse por separado. Indicó que la votación conjunta atenta contra la integridad del trabajo parlamentario. Igualmente, afecta la valoración justa de las pruebas y argumentos presentados. Además, evaluó que el hecho desnaturaliza el principio de responsabilidad individual.
