El Partido Por la Democracia presentó un proyecto de ley destinado a endurecer las penas por robos en establecimientos educacionales y jardines infantiles. La iniciativa fue respaldada por la diputada Helia Molina, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, el concejal Paulo Herrera y el secretario general del PPD, José Toro Kemp.
La propuesta busca modificar el Código Penal para aumentar las sanciones correspondientes al delito de robo en lugar no habitado, que actualmente contempla penas de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años. Con el agravante que se pretende establecer, la pena podría aumentar un grado, lo que llevaría el castigo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 a 10 años.
La diputada Molina destacó la urgencia de la medida señalando que «se ha visto, desde hace tiempo, un número inusitado de robos en jardines infantiles y colegios. Esto no solo implica un gasto material para el Ministerio de Educación, que siempre está con recursos limitados, sino que afecta directamente a los niños, ya que se roban computadoras, bancos, balones de gas, comida y colaciones». Además, subrayó que esta situación «se replica en todo el país, según la información que hemos recibido de la JUNJI».
En la misma línea, el concejal Paulo Herrera, autor del proyecto, expresó que «esta iniciativa surge de la necesidad de brindar mayor seguridad a nuestros niños. En nuestra comuna, especialmente en el jardín Semillitas de Amor, ubicado en la población Jaime Zañartu, se han registrado más de veinte robos. Han sustraído balones de gas, cañerías e incluso la alimentación de los niños. Esta situación nos obliga a tomar medidas urgentes, y de ahí la importancia de este proyecto».
Por su parte, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, destacó el impacto económico que tienen estos robos en las finanzas municipales: «Debemos hacer recurrentes inversiones, redirigiendo recursos, para proteger los establecimientos educativos. Los recursos en educación siempre son limitados, y aumentar las penas por estos delitos nos permitirá, esperamos, reducir su ocurrencia. Hacemos un llamado al Parlamento para que, de manera transversal, apoye este proyecto de ley, que propone sanciones más efectivas para los delincuentes que afectan la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes».
Finalmente, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, explicó el aspecto jurídico del proyecto: «Lo que buscamos es aumentar las penas en un grado al considerar como agravante penal el hecho de que el robo ocurra en un colegio o jardín infantil. Actualmente, este delito se clasifica como robo en lugar no habitado, con penas de 541 días a 5 años. Lo que proponemos es que, con esta agravante, las penas aumenten a un rango de 5 a 10 años, con el objetivo de disuadir estos delitos que dañan directamente el sistema educativo».
