Norma que facilita la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad será vista en Sala

24 septiembre, 2024

Los senadores adelantaron los temas que se verán en el debate en particular. Entre éstos figuran la discrecionalidad en el uso de las patentes y la inhabilidad de los funcionarios públicos a la hora de trabajar en empresas de base científico tecnológica.

Tras una serie de audiencias, los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación despacharon a Sala, el proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Esto luego de aprobar la idea de legislar por unanimidad.

La norma iniciada en mensaje, releva la investigación realizada por las instituciones de educación superior instándolas a desarrollar relaciones entre la investigación universitaria, las necesidades sociales y culturales, y su articulación con el sistema productivo privado.

La iniciativa en segundo trámite, a su vez, fomenta que el Estado se haga cargo de la protección y la transferencia tecnológica y de conocimientos con el objeto de que los resultados de las investigaciones sean transferidos a la sociedad.

SESIONES

En las audiencias se recibieron académicos de diversos planteles entre ellos, la Universidad Autónoma de Chile, Universidad de La Frontera, Universidad Santo Tomás, Universidad de Santiago y Universidad Andrés Bello. También se hicieron presentes en las sesiones, el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), el Consorcio de Universidades del Estado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y los abogados Maximiliano Santa Cruz y Guillermo Carey.

En cada jornada, se destacó el objetivo de la iniciativa junto con observarse que no solo las universidades producen investigación. También se puso el foco en revisar la calidad de funcionario público de académicos que trabajan en empresas científicas tecnológicas, y estudiar el presupuesto del proyecto considerando la necesidad de renovar el incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo de la ley 20.241 que expira en diciembre de 2025. Se adelantó que estos temas serán objeto de indicaciones.

Capítulo aparte tuvo el hecho que el proyecto deja a los dignatarios de la investigación o invento, la decisión de protegerla (o). Así se generó un extenso debate acerca de las licencias no voluntarias, el dominio público y la pertinencia de un repositorio público de datos.
 

INDICACIONES

En la sesión del 23 de septiembre, la Comisión aprobó la norma, cuyos integrantes adelantaron los cambios que se harían en el debate en particular. En esa línea, el presidente de la instancia, el senador Juan Antonio Coloma aseguró que “esta discusión tiene una alta importancia e interés para el país. Siento que la palabra clave aquí es innovación”.

En tanto, la senadora Ximena Rincón recordó que “la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) no es el único órgano encargado de hacer transferencia de recursos, esto no refleja las otras entidades que ejercen este rol (…) También quiero advertir lo peligroso que puede resultar la participación de los funcionarios públicos en las empresas de base científicas tecnológicas”.

En la misma línea, el senador Alfonso De Urresti enfatizó la importancia de “poner el acento en la transparencia y evitar conflictos de interés en esta ley (…) He conversado con la ANID acerca de esto, por ejemplo, cómo se adjudican las becas”.

En tanto, el senador Luciano Cruz Coke valoró que la propuesta materialice la cooperación público privada. “Creo que siempre debe haber un reconocimiento de la obra o investigación, tal como se hace en las artes, porque implica reconocimiento (…) La discusión en particular debería ser harto más larga de la que hemos dado ahora”.

Complementando aquello, el senador Francisco Chahuán hizo ver que “los invitados nos hicieron una serie de observaciones que hay que recoger ahora en las indicaciones. Creo que el Gobierno ha adoptado el camino intermedio”.