A raíz de la polémica decisión adoptada este lunes por el Juzgado de Garantía de Ovalle, que dejó en libertad -a cambio de una fianza de $2 millones cada uno- a 23 integrantes de una banda investigada por narcotráfico y lavado de activos, cuya medida posteriormente fue revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, los diputados de la Bancada UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira, presentaron durante esta mañana un proyecto de ley para que se tenga que acreditar el “origen lícito” de todos los dineros que se utilicen para el pago de una caución, cuando se trate de delitos contenidos en la Ley 20.000 o bien en causas que estén asociadas a organizaciones criminales.
Al respecto, cabe recordar que los parlamentarios venían trabajando hace algunas semanas en dicha propuesta, luego que a mediados de año el Tribunal de Garantía de Los Vilos -de la misma región- también dejó en libertad a cinco integrantes del Tren de Aragua, previo pago de $5 millones cada uno, pese a que estaban siendo investigados por delitos como secuestro agravado y asociación ilícita.
Por lo mismo, ante la reiteración de los casos, pero sobre todo considerando el poder adquisitivo que suelen mantener las bandas criminales que operan en el país, Fuenzalida y Moreira plantearon que todos los imputados que quieran acceder al pago de una fianza -para modificar sus cautelares- deberán demostrar la procedencia legítima de dichos recursos, asegurando que “es inaceptable que se vean beneficiados con esta medida gracias a los ingresos que obtienen de sus actividades ilícitas”.
“Más allá de las razones de fondo que hayan existido para que dos tribunales de una misma región dejen en libertad a peligrosos delincuentes, muchos de ellos incluso siendo integrantes de organizaciones criminales, es fundamental que establezcamos nuevos y mayores requisitos para el pago de las fianzas. No es aceptable que, en medio de una investigación por narcotráfico o una causa vinculada al crimen organizado, los tribunales se desentiendan del origen que puedan tener esos recursos, porque es evidente que en este tipo de casos la mayoría de ellos provienen de las actividades ilícitas que desarrollan, lo que no podemos seguir tolerando”, señalaron los legisladores.
Pero además, ambos parlamentarios también incluyeron en el proyecto de ley que, frente al mismo tipo de causas, los imputados que contraten a un abogado defensor privado deberán acreditar la fuente de los dineros que utilizarán para costear dicho servicio. Lo anterior, en referencia a los casos de profesionales que se dedican a defender a personas investigadas por narcotráfico y que suelen jactarse públicamente -por medio de registros en redes sociales-de las ganancias que logran obtener.
“El combate al crimen organizado supone el esfuerzo de toda la sociedad y no sólo de unos pocos, de manera que es absolutamente improcedente que algunos abogados se estén beneficiando con recursos que saben que provienen de actividades ilícitas. No estamos privando a ningún imputado de acceder a una defensa, pero no podemos permitir que se financie de manera ilegal”, reiteraron.__________
