- La idea, explicó el senador Flores, es “elevar a política de Estado esta acción necesaria para avanzar en las investigaciones complejas como el crimen organizado, que lamentablemente ya clavó la bandera en nuestro país, protegiendo realmente a los testigos, contando con recursos necesarios y bajo el paraguas de un Programa Nacional.”
Un oficio al Presidente de la República, Gabriel Boric, envió hoy el presidente de la comisión de Seguridad, Iván Flores, donde solicita la creación formal de un “Programa Nacional de Protección a Víctimas, Testigos, Jueces y Fiscales”, como una Política de Estado, con la finalidad de proteger adecuadamente a estos actores del proceso penal y brindarles la seguridad que necesitan.”
Según lo señalado por Flores, si bien existen recursos asignados a través de glosas, “no tenemos institucionalmente en Chile un Sistema Integral que cuente con los recursos necesarios, tal como ocurre en otros países; única forma de avanzar realmente en investigaciones para combatir el crimen organizado que, lamentablemente, ya clavó la bandera en nuestro país”.
El oficio enviado al Presidente señala que “lamentablemente, hemos quedado atrás en el combate al crimen organizado y necesitamos actualizar las normas e instituciones para que estén a la altura de la nueva criminalidad. Actualmente, el Ministerio Público cuenta con un “Fondo de aportes económicos para víctimas y testigos” que puede utilizar para dar cumplimiento a su deber legal de proteger a víctimas y testigos, sin embargo, esta institucionalidad resulta ser absolutamente insuficiente para garantizar la protección de todos los intervinientes que lo necesiten y especialmente en causas contra el crimen organizado.”
Agrega que “si el Estado no asegura brindar una protección eficiente tanto a quien interviene en el proceso como a sus familias, el problema que se puede suscitar es que no tendremos testigos, jueces ni fiscales que puedan sustanciar los procesos.”
“ Hoy día necesitamos instalar un “sistema nacional de protección de víctimas, testigos, jueces y fiscales”, que se asegure de relocalizar a las víctimas o testigos y a sus familias, brindarles una nueva identidad, proporcionar un viático, brindar cupos preferenciales en los colegios locales en caso de haber estudiantes, insertar a los adultos en el mercado laboral, entre otras medidas, que permitan a estas personas que actúan de manera altruista para colaborar con la Justicia, continuar con una vida relativamente normal, pero lo más importante, una vida segura. De la misma forma, debe asegurar que el trabajo de jueces y fiscales se desarrolle con plena seguridad para ellos y sus familias.”
Finalmente, el senador Flores precisó que “en el Derecho comparado latinoamericano es posible observar el caso de Colombia, que tiene un Programa de Protección para Víctimas y Testigos, o el de Argentina con el Programa Nacional de Protección a Testigos. Así como estos, también hay otros países fuera de nuestro continente que han adoptado como Política de Estado la protección de víctimas, testigos, jueces y fiscales.”
