De acuerdo con datos proporcionados por Gendarmería, actualmente en Chile hay 56 mil personas en régimen de reclusión, cifra que es la más alta en los últimos 5 años. De ese número, un 14% de la población penal corresponde a extranjeros, principalmente de Colombia, Venezuela y Bolivia.
Este incremento de integrantes de peligrosas bandas criminales internacionales en las cárceles chilenas, ha extendido la severa crisis de seguridad que atraviesa el país, al interior de los centros penitenciarios, provocando una fuerte tensión y situación de alto riesgo, como los incidentes protagonizados la semana pasada por miembros del Tren de Aragua en la Cárcel de Alta Seguridad, quienes se concertaron para realizar desmanes y destrozos en este recinto y se enfrentaron a funcionarios de Gendarmería.
En un intento por frenar estos crecientes episodios de violencia en las cárceles nacionales, los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Cristián Araya (Partido Republicano) y Andrés Longton (Renovación Nacional), presidente de la instancia legislativa, llegaron precisamente hasta el CAS para solicitar al gobierno que le dé prioridad al proyecto de ley que días atrás ingresaron al Congreso, que busca aumentar las penas para quienes cometan este tipo de ilícitos dentro de los centros de reclusión, ante lo que consideran un intento de estas bandas criminales por apoderarse del control de las cárceles, como ha ocurrido en otros países de la región.
Al respecto, el Diputado Cristián Araya, manifestó como una “urgencia que el gobierno le otorgue prioridad a esta iniciativa y la incorpore al fast track legislativo en materia de seguridad”, ya que a juicio del legislador, “hay que evitar que se desencadene una crisis carcelaria debido al descontrol que estos grupos criminales pretenden instalar al interior de los recintos penitenciarios”.
El congresista agregó que “debemos inhibir desde ya estos intentos por provocar caos dentro de los recintos penitenciarios, sobre todo considerando que se trata de bandas poderosas que además amenazan a los gendarmes e incluso intentan sobornarlos. Si el gobierno y el Estado no dan una señal clara en esta materia, el crimen organizado podría lograr su objetivo de tomarse las cárceles. Este es un proyecto que tiene apoyo transversal de las distintas bancadas, y por lo mismo, hay que darle prioridad”.
Por su parte, el Diputado Andrés Longton respaldó la labor de Gendarmería y señaló que “se debe sancionar con mayor dureza este tipo de situaciones, porque no hay ningún disuasivo para estos delincuentes de alta peligrosidad pertenecientes a bandas transnacionales, que rompen el mobiliario de la Cárcel de Alta Seguridad y su actuar no tiene ninguna consecuencia. Hay que establecer penas más firmes, pero también restringir cualquier tipo de beneficio para quienes destruyen las cárceles, aplicando una sanción penal acorde al daño provocado.
El parlamentario hizo un llamado al Ministerio de Justicia en cuanto a otorgar una mayor protección a los funcionarios de Gendarmería, “porque claramente convivir con este tipo de delincuentes requiere condiciones básicas para que el personal realice su labor de forma segura y adecuada”.
