Como “una de las reformas más importantes al Código Procesal Penal y Código Penal” calificó hoy el senador DC Iván Flores, presidente de la comisión de Seguridad, la reforma que mejora la persecución penal de los reincidentes, conocido como el fin de la “puerta giratoria” y que forma parte del primer fast track de Seguridad. Esta tarde se despachó el informe de la Comisión Mixta por unanimidad y sólo falta su ratificación en la Cámara para que pueda despacharse a ley de la República.
Según lo precisado por el senador, quien además fue presidente de la comisión mixta en este proyecto, “La crítica a la puerta giratoria y la sensación de impunidad efectivamente muchas veces decía relación con aquellas personas que cometen delitos y cuyos casos eran dejados de lado por la Fiscalía . Con esto, se termina la puerta giratoria, el fiscal estará obligado por ley a investigar y ahí el resultado de la investigación decidirá. “
Flores agregó que “no fue fácil arribar a este puerto, solucionar las ocho o nueve discrepancias entre la Cámara y el Senado. Se mantuvieron permanentemente invitados el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría para que estén todas las posturas consideradas, aparte de lo que fue la formación de una mesa técnica con nuestros asesores legislativos. Logramos descartar el polémico tema de la recompensa; el ámbito de los enajenados mentales, creo que finalmente tendremos una buena ley que formaba parte del primer fast track”.
La iniciativa considera un estatuto que regula la cooperación eficaz, medidas de protección para los actores intervinientes en el proceso, se perfeccionan reglas para presentación de pruebas, y se regulan una serie de procedimientos para evitar que los delincuentes salgan en libertad sin antecedentes o registro penal de sus actos delictivos.
En total, la comisión mixta realizó cinco sesiones para resolver aspectos como el principio de oportunidad; archivo provisional de la investigación; interceptación de comunicaciones limitando las de las víctimas; precisar la reformalización y ampliación del plazo para el procedimiento abreviado; definir medidas para los imputados enajenados mentales; descartar la posibilidad de entregar recompensas y mantener las normas sobre responsabilidad penal adolescente, entre otras.
