Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso cuestionaron que, por un lado, el subsecretario Monsalve amenazara con aplicar todo el rigor de la ley contra los transportistas, mientras que, por otro lado, la ministra del Trabajo llamara a “buscar soluciones” con los portuarios.
El jefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Felipe Donoso, acusaron al Gobierno de aplicar un “trato diferenciado” en las distintas movilizaciones que actualmente se registran en el país, específicamente la de los trabajadores del Puerto Coronel, en la Región del Biobío, y la que inició esta semana el gremio de camioneros, ante la falta de medidas de seguridad.
En específico, los parlamentarios gremialistas advirtieron una grave “incoherencia” y una eventual “discriminación” por parte del Ejecutivo. Esto, porque mientras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, amenazó con instruir a Carabineros para que apliquen “todo el rigor de la ley” contra los transportistas, en paralelo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, llamó a la empresa Puerto Coronel a “buscar soluciones” con los trabajadores que se encuentran movilizados desde hace 50 días, pese a que durante todo ese tiempo han estado bloqueando los distintos accesos al terminal marítimo.
Por lo mismo, Coloma y Donoso conminaron al Gobierno, pero en específico al subsecretario del Interior y a la ministra del Trabajo, a “no imponer su pensamiento e ideología” en la solución de los dos conflictos, emplazándolos a actuar de manera “imparcial” y “sin sesgos” con ambos sectores.
“Es absolutamente inaceptable que las actuales autoridades estén aplicando un trato diferenciado en las dos movilizaciones que actualmente existen en nuestro país, porque mientras el subsecretario Monsalve amenaza con aplicar todo el rigor de la ley contra el gremio de camioneros, que lo único que están exigiendo es poder trabajar con mejores condiciones de seguridad, la ministra Jara llama a buscar una solución con los trabajadores portuarios, ignorando que mantienen bloqueado hace casi dos meses los accesos al terminal marítimo y que le han impedido a más de 600 funcionarios ingresar a cumplir sus labores. Por lo tanto, es evidente la discrepancia que existe entre ambas posiciones y la falta de imparcialidad con la que ha actuado el Gobierno”, criticaron los legisladores.
Producto de lo anterior, los parlamentarios de la UDI instaron a las autoridades a poner en el centro la situación económica y de seguridad por la que atraviesa el país, sobre todo producto del enorme daño que genera la paralización de la actividad portuaria en el Biobío, argumentando que “no puede ser que el Gobierno amenace con aplicar mano dura contra un gremio que inició una paralización parcial y limitada, mientras que con otro sector, que lleva más de 50 días en esta situación, actúen de manera absolutamente pasiva y temeraria, aparentemente por razones políticas e ideológicas”.
“Las actuales autoridades tienen que comprender que ya no forman parte de los movimientos sociales y no pueden estar validando las movilizaciones, como lo hicieron sistemáticamente cuando eran oposición. Hoy tienen la obligación de garantizar el orden público y no pueden seguir actuando de forma imparcial, como ha quedado en evidencia esta semana”, reiteraron Coloma y Donoso.
