La Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú– inició hoy en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, justo en la jornada en que se celebra mundialmente el Día Internacional de la Madre Tierra.
El evento, que se extenderá hasta el 24 de abril, reúne a autoridades y representantes oficiales de países que ya son parte del primer tratado ambiental de la región y de países observadores, expertos de organismos regionales e internacionales, y miembros de la sociedad civil, con el propósito de seguir avanzando en la construcción de un desarrollo más sostenible, forjado a partir del diálogo, fruto de la cooperación regional y de una visión común en la que la prosperidad para todos, la democracia, la garantía de los derechos humanos y el cuidado de la Madre Tierra vayan de la mano.
El encuentro fue inaugurado oficialmente en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por el Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric; el Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo, Marcelo Cousillas; la representante electa del público Nicole Leotaud, procedente de Trinidad y Tabago; y el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL -organismo regional de las Naciones Unidas que ejerce la Secretaría del Acuerdo- Javier Medina Vásquez.
En sus palabras de bienvenida, el Presidente de Chile remarcó que el mayor desafío de nuestra época es enfrentar la crisis que nosotros mismos hemos causado: la crisis climática. “Esperamos que en este encuentro podamos avanzar con acciones concretas en el Acuerdo de Escazú y en un plan regional para proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y luchan por la protección del medioambiente en nuestra tierra”, declaró.
“Hoy quienes más sufren los impactos de la triple crisis planetaria -cambio climático, contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad- son a la vez los que están más lejos de la toma decisiones. Por eso tenemos la convicción de que (el Acuerdo de) Escazú es una oportunidad para avanzar en el acceso a la información, para tener una mayor participación pública, para tener una mayor coordinación entre el Estado y la sociedad civil”, enfatizó Gabriel Boric.
En su discurso inaugural -efectuado en representación del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs-, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la institución Javier Medina Vásquez agradeció la participación de las autoridades y delegados presentes, y explicó que durante los tres días de la reunión se presentarán informes de la Secretaría, Mesa Directiva, Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y hojas de ruta para la implementación nacional; y se propondrá para la consideración y aprobación el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, elaborado en un proceso participativo bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo ad hoc coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis. Asimismo, se abordarán distintos aspectos sobre generación de información ambiental, participación pública en procesos de evaluación ambiental, acceso a la justicia y transversalización de la perspectiva de género, y se realizará la Cuarta sesión del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, además de alrededor de 30 eventos paralelos de carácter virtual.
“El primer desafío es lograr que todos los países de América Latina y el Caribe sean Parte. Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes. Hoy celebramos con orgullo que la Mancomunidad de Dominica se une al Acuerdo, y aunque no han logrado estar con nosotros en la sala, celebramos el depósito de su ratificación”, anunció.
Javier Medina agregó que el segundo gran desafío es avanzar en la implementación de los contenidos del Acuerdo. Para lograr mayor justicia social, a la vez de proteger el medio ambiente, se requiere que la ciudadanía y, sobre todo, las personas y grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con procedimientos que les faciliten el ejercicio de sus derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, explicó.
“El tercer desafío nos remite al hecho de que vivimos en la región del planeta más peligrosa para las personas defensoras del ambiente. Cuidar a los que cuidan nuestro entorno es cuidarnos a nosotros mismos y asegurar nuestra capacidad para desarrollarnos. Confiamos que al final de estos tres días celebraremos la decisión que aprueba el plan de acción sobre la protección de los defensores ambientales”, enfatizó.
Por su parte, Marcelo Cousillas, en su calidad de presidente de la Reunión, señaló que, en realidad, el Acuerdo de Escazú cuenta con cuatro pilares fundamentales: tres son los derechos de acceso (a la información, participación y justicia en asuntos ambientales), y el cuarto es la protección de los defensores que defienden. “Por eso en esta COP3 esperamos aprobar un plan de acción sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Contamos con un proyecto de plan ambicioso, pero realista, para ser ejecutado en la región con un horizonte de 6 años, hasta el 2030”, explicó.
“Lamentablemente, en la última década casi 2.000 personas que defienden el ambiente fueron asesinados en el mundo… Y en la región tenemos el terrible deshonor de que 3 de cada 4 de esos asesinatos suceden en alguno de nuestros países. Ojalá podamos concluir esta reunión con otras expectativas para los defensores ambientales, para nuestras sociedades y en definitiva para todos nosotros”, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo.
En tanto, la representante electa del público Nicole Leotaud indicó que necesitamos asegurar la implementación del Acuerdo de Escazú y sus principios en los procesos clave relacionados con el cambio climático y la crisis ecológica, fortalecer la democracia ambiental y ofrecer justicia y equidad para las personas en América Latina y el Caribe, reconociendo y abrazando nuestras diferencias de raza, género, sexualidad, capacidad, religión, clase y más.
“Tenemos que trabajar colectivamente para abogar por el reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente sano, seguro y sostenible en toda la región y en todo el mundo como un derecho humano universal, que se refleja en las constituciones nacionales y se aplica mediante leyes nacionales y tratados y acuerdos mundiales”, agregó.
Posterior a la inauguración, se realizó una sesión especial sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, en la que intervinieron Maureen Hyman-Payne, Secretaria Parlamentaria para Justicia y Asuntos Legales de Antigua y Barbuda; Joel Hernández, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México; Mercedes Monzón, Diputada del Congreso de la República de Guatemala; Judith Nunta, lideresa indígena shipibo-konibo, responsable del Programa Mujer Indígena de ORAU, Perú; Paulo Pacheco, Embajador de Brasil en Chile; y Anita Montoute, Secretaria Permanente del Departamento de Desarrollo Sostenible de Santa Lucía.
Los ponentes enfatizaron la importancia de esta conmemoración mundial -que se celebra cada 22 de abril- y coincidieron en que esta fecha representa un llamado a la acción para cambiar hacia una economía más sostenible que sostenga no solo a las personas, sino también al planeta y las futuras generaciones. La plena implementación del Acuerdo de Escazú puede contribuir a la protección de la Madre Tierra, especialmente si se toma en cuenta la voz de todos los interesados en asuntos ambientales para la orientación de las políticas públicas y las acciones relacionadas con la administración de los recursos naturales, indicaron.
La COP 3 del Acuerdo de Escazú continuará el martes 23 de abril con la presentación del informe de la Mesa Directiva, de la Secretaría y de los representantes del público; se presentarán los planes nacionales de implementación de Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile; y se dará a conocer el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; además de realizarse una sesión especial sobre el acceso a la información ambiental.
En tanto, el miércoles 24 de abril se efectuarán sesiones especiales sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación pública en procesos de evaluación de impacto ambiental, además de la presentación de informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y la discusión de las decisiones aprobadas de la COP 3.
