Posterior a la sesión de la Comisión Investigadora por el denominado “Caso Hermosilla” o “Caso Audios”, los parlamentarios del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron un proyecto de ley para tipificar y prohibir la intervención de abogados en el nombramiento de jueces y ministros del Poder Judicial.
Esto, a raíz de los trascendidos que indican que el abogado Luis Hermosilla habría incidido en el nombramiento de distintos magistrados, entre ellos Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, y el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.
“Este proyecto se hace cargo de tres cosas fundamentales. Primero, que se prohíba expresamente que los abogados litigantes participen en el nombramiento de jueces con cualquier gestión, bajo pena de multa, bajo pena de cárcel y bajo pena de inhabilidad para ejercer la profesión por 10 años”, indicó Manouchehri.
A su vez, el legislador de la Región de Coquimbo agregó que, “en segundo término, vamos a solicitar que se prohíba expresamente el lobby de cualquier tipo en el Poder Judicial. Y, en tercer lugar, que cualquier autoridad o persona que se acerque a una persona de gobierno que está a cargo de la designación de un alto magistrado tenga la obligación esa autoridad de ponerlo en un registro”.
En esa línea, la diputada socialista Daniella Cicardini, coautora del proyecto de ley que sanciona el lobby en el nombramiento de jueces, señaló que los mecanismos de “opacidad” que existen en el Poder Judicial, “son bastante cuestionables y es parte de lo que tenemos que avanzar en una reforma más estructural, no sólo porque hay incidencia desde el Congreso, sino que también se presta para ciertos lobbys y nuestro proyecto de ley en conjunto con el diputado Manouchehri, justamente tiene que ver con ir acotando estos vacíos que se prestan para suspicacias y tráfico de influencias”.
“En ese sentido, nosotros establecemos que los abogados en ningún caso pueden hacer este tipo de recomendaciones porque sin duda se ven beneficiados directamente. Sobre todo por el caso de Hermosilla, que es un abogado litigante, donde al final del día el juez que pudo haber recomendado es el que puede definir una causa a la cual puede estar llevando. Este es un proyecto que viene a hacerse cargo de un problema que nace por esta explosión de corrupción de Hermosilla, pero yo creo que es una oportunidad también para que estas crisis también sean parte de la reflexión profunda que tiene que hacer el poder legislativo”, agregó la parlamentaria de la Región de Atacama.
En este caso, se pretende castigar cualquier tipo de influencia, remunerada o no, mediante la realización de reuniones o encuentros, con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo. A su vez, se le aplicará la inhabilitación especial temporal en su grado máximo para el ejercicio del cargo o profesión y multa de 20 a 40 UTM, llegando hasta los $2.607.280 a la fecha de esta nota.
Asimismo, el proyecto de ley busca modificar la ley N°20730 que Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, en el artículo 4 Numeral 8. De tal forma, el artículo indicaría que “queda prohibida la realización de lobby y gestión de intereses particulares en el proceso de designación de jueces, miembros de Corte de Apelaciones, Corte Suprema y del Tribunal Constitucional”.
“Nosotros creemos que aquí se debe transparentar el nombramiento de jueces por el bien de la justicia en Chile”, recalcó Daniel Manouchehri.
Ministro Cordero destaca “opacidades” en el Poder Judicial en Comisión Investigadora
Junto con referirse al proyecto de ley, el diputado Manouchehri en calidad de presidente de la Comisión Investigadora por el “Caso Hermosilla” destacó que la instancia acordó enviar un cuestionario de preguntas a los exministros del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, y también al Poder Judicial. Esto, dada la importancia de aclarar “importantes situaciones” respecto al caso. La instancia también acordó invitar al Colegio de Abogados para recibir sus recomendaciones en materia legislativa.
Durante la comisión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, enfatizó en el proceso actual de nombramientos en el Poder Judicial y cómo estos estarían siendo influidos por terceros, aludiendo a las “opacidades” que el propio poder del Estado definió en los últimos días.
“Nosotros creemos que es extremadamente relevante (lo tratado con el ministro) porque la gente después se pregunta por qué hay gente que no se le toca, que la justicia no lo toca, o por qué hay abogados que pareciera que triunfan en todos los juicios. Abogados que según el Comité Olímpico perfectamente cabría su definición como abogados que actuaron con doping porque tenían influencias deshonestas para poder triunfar en la competencia judicial”, fustigó Manouchehri.
Al respecto, la diputada Daniella Cicardini recalcó en la necesidad de sancionar a los abogados que incurran en presiones indebidas a esta área. “Esto requiere de una reforma mucho más estructural que probablemente recogeremos de las recomendaciones del informe final de esta comisión. Es tremendamente importante, sobre todo en los momentos que está viviendo el país, creo y vuelvo a insistir, que estas crisis se deben transformar en oportunidad y nosotros lo vemos desde esa perspectiva”, indicó.
