A propósito del reportaje de CIPER sobre eventuales influencias indebidas en los nombramientos de jueces
La Organización de Trabajadores y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), declara y solicita lo siguiente:
1.- Como ha revelado el reportaje de Ciper Chile respecto al ”Caso Hermosilla”, al parecer los nombramientos tanto del Excmo. Ministro de la Corte Suprema don Jean Pierre Matus, como del el Iltmo. Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Antonio Ulloa, habrían sido fruto de las gestiones y ayuda del abogado Luis Hermosilla. El ministro Ulloa reconoció:
“Como está diseñado el sistema de nombramientos, siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a buscar esa ayuda ¿O tú crees que para los cargos de fiscal regional, de fiscal nacional, no existe también esta búsqueda de contactos que puedan llegar a quién decide, a quién hace la terna? Eso siempre ocurre. Y por eso es que la Asociación de Magistrados ha luchado para cambiar el sistema de nombramientos de los jueces, terminar con este tema de que todo está a cargo de la Corte Suprema y de las autoridades actuales, y establecer otro sistema a través de un colegio nacional de la magistratura. Entonces mientras no tengamos un sistema objetivo, va a existir esto, y no solamente en el Poder Judicial ¿Tú crees que cuando se hacen ternas para elegir fiscal regional a mí no me recomiendan determinadas personas? Claro que sí, a mí y a todos. Unos escuchan, otros no escuchan.”
2.- El Código Iberoamericano de Ética Judicial, advierte en su “Art. 3°.- que el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial.” Por lo que;
3.- Las declaraciones del Ministro Ulloa son gravísimas, resultan inaceptables y dan cuenta de un actuar reñido con la mínima ética a la que están obligados todos los integrantes del Poder Judicial y en especial cargos tan relevantes como Ministros de Corte Apelaciones y de la Corte Suprema. Máxime que intenta excusar su responsabilidad en que “todos lo hacen”, declaraciones que evidencian una liviandad extrema al normalizar una práctica que a lo menos es reñida con la ética, sin perjuicio que a posteriori pueda eventualmente calificarse también como constitutiva de delito.
4.- Es por ello que solicitamos a la Excma. Corte Suprema, que inicie a la brevedad un sumario administrativo para dilucidar la responsabilidad funcionaria, se investigue a los responsables y se aplique las más altas sanciones de nuestro ordenamiento jurídico.
5.- Asimismo, solicitamos a la Corte Suprema, que llame a una mesa técnica a Universidades, Asociaciones del Poder Judicial, Colegio de Abogados, entre otros actores, para que se discutan propuestas de cambio al Poder Judicial en materia de nombramiento y carrera funcionaria y que inhiban este tipo de comportamientos que afectan la integridad judicial, la ética de jueces y juezas y ayude a devolver la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
