Experto en crimen de la Universidad de Chicago propone cuatro pilares para combatir la inseguridad y violencia en América Latina

16 enero, 2024

Con el propósito de discutir y entender los problemas de seguridad, crimen y corrupción en Chile y América Latina, la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Andrés Bello (UNAB), junto al Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, llevó a cabo el taller «Crime Workshop», con el destacado economista y académico Christopher Blattman como principal expositor.

El especialista en crimen compartió su experiencia investigando temas de seguridad en ciudades como Medellín, Bogotá, Río de Janeiro y Liberia, concluyendo que para combatir eficientemente la inseguridad se requiere un plan estratégico de cuatro pilares. Este incluye investigar las organizaciones criminales y su relación con otras bandas en cada ciudad, recopilar datos de infraestructura para entender la distribución de la zona donde operan estos grupos, analizar datos anuales sobre el comportamiento de estas «pandillas», y colaborar con el Estado y oficinas gubernamentales en experimentos sociales enfocados en las nuevas generaciones.

El también cientista político enfatizó que «considerando las distintas cualidades que existen en América Latina, es fundamental realizar un diagnóstico específico y evitar impulsar políticas públicas de manera apresurada sin un análisis previo». «Todas las ciudades de la zona se comportan de manera diferente, por lo que aplicar una solución que no esté en sintonía con lo que está ocurriendo en esa ciudad puede ser un grave error», indicó.

En su paso por Chile, Blattman –que se ha especializado en el estudio de la pobreza, la violencia y el crimen en países en desarrollo– precisó que «no hay tema más importante en América Latina que el crimen organizado. Estos grupos son responsables de todas las preocupaciones de seguridad en la región: el aumento de los niveles de homicidio, la corrupción del Estado, la erosión del apoyo a los gobiernos democráticos, la migración ilegal y el tráfico de drogas. Ahora, incluso países como Chile están comenzando a sentir la influencia».

La actividad se enmarcó en el trabajo de colaboración entre la Facultad de Economía y Negocios UNAB con el Instituto Becker Friedman (BFI por sus siglas en inglés), tras la firma en marzo de 2022 de un importante acuerdo, y estuvo encabezada por el decano de la FEN UNAB, Dr. Miguel Vargas, y el director de BFI Latinoamérica, Fernando Álvarez.

En esa línea, el Dr. Vargas destacó que «UNAB fue la primera socia en Latinoamérica de la Universidad de Chicago para este proyecto, que busca potenciar la investigación en distintas áreas de la economía».

Los desafíos de Chile

Tras la conferencia se realizó un panel de discusión, moderado por Jaime Bellolio, director del Observatorio Territorial del Instituto UNAB de Políticas Públicas, y en el que participaron Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana; Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios, Evaluación, Desarrollo y Control de la gestión del Ministerio Público; y Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior, quienes compartieron sus puntos de vista respecto a este tema.

En este sentido, Daniel Johnson afirmó que «como hay un nivel de temor muy alto en la ciudadanía, hay una presión gigantesca por implementar medidas rápidas, y se ha instalado un discurso en Chile extremadamente peligroso de que la urgencia no permite dedicarle tiempo a los diagnósticos y que es momento de pasar a la acción, lo cual es el peor camino que podemos tomar».

Por su parte, Ana María Morales comentó que desde el Ministerio Público «hemos estado trabajando en entregarle a la ciudadanía datos más robustos en relación a los tipos de delitos que se cometen en nuestro país, por lo cual creemos que de alguna manera aportamos a este diagnóstico tan importante».

Finalmente, Juan Francisco Galli fue más allá e indicó que «hoy en día tenemos mucho que avanzar para lograr tener datos de calidad y tomar decisiones en base a ellos; sin embargo, creo que el problema pasa por la capacidad que tiene el Estado de Chile para tomar decisiones en función de los datos que tiene».

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