Henry Leal y Juan Antonio Coloma cuestionaron al Gobierno por tomarse casi dos semanas en admitir que el Presidente sí tiene facultades -tal como lo señaló este miércoles la ministra del Interior- para dejar sin efecto los beneficios que han recibido una serie de delincuentes.
Los diputados de la Bancada UDI, Henry Leal y Juan Antonio Coloma, exigieron al Presidente Gabriel Boric revocar -a la brevedad posible- todas las pensiones de gracia que han sido entregadas a personas condenadas por la justicia, entre ellos los que delinquieron en el marco del “estallido social”, luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera que el Mandatario sí tiene facultades para hacerlo, tras señalar que “así como se puede hacer, se puede revertir en principio”.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que fue a fines de diciembre cuando enviaron un oficio al Gobierno, dirigido específicamente al Presidente Boric, explicando que por tratarse de un acto administrativo sí tenía atribuciones para dejar sin efecto los beneficios, sin la necesidad de que se tuviera que modificar la actual legislación, tal como insistieron en el Ejecutivo.
Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta por parte de las autoridades, ambos diputados reenviaron dicho oficio a la contralora (s), Dorothy Pérez, quien si bien se comprometió a asistir el próximo lunes 15 de enero a la comisión de Seguridad Ciudadana, justamente para dar su opinión jurídica sobre el asunto, ya no sería necesario tras las recientes declaraciones de la ministra Tohá.
“A pesar de que hace dos semanas que le hemos señalado al Gobierno que sí tienen facultades para revocar todos estos decretos, y que sólo se requiere de una voluntad política, recién ahora, cuando se dieron cuenta de lo insostenible que es esta situación, reconocen que sí pueden hacerlo. Llegaron incluso a argumentar que necesitaban de una modificación legal para dejar sin efecto las pensiones de gracia, cuando en realidad sólo bastaba con reconocer que estamos en frente de un proceso absolutamente viciado e irregular”, cuestionaron los parlamentarios gremialistas, quienes a pesar de valorar el cambio de criterio adoptado por el Ejecutivo, aseguraron que “esto no es más que el reflejo del desorden que existe en la actual administración y de la desprolijidad con la que actúan”.
Por lo mismo, y tras las recientes declaraciones de la ministra del Interior, los diputados Leal y Coloma señalaron que las pensiones de gracia que -como mínimo- deberían ser revocadas por el Presidente Boric, son las que actualmente reciben 40 delincuentes con antecedentes penales, entre ellos un condenado por homicidio y otros por lanzar una bomba molotov a Carabineros, agredir a dos funcionarios policiales, atacar una patrulla, incendiar una caseta y por estafa, entre otros delitos.
Sin perjuicio de lo anterior, los parlamentarios de la UDI también solicitaron revisar el resto de los beneficios otorgados en el contexto del “estallido social” y, de ser necesario, revocarlos a la brevedad posible, advirtiendo que “estamos convencidos de que este es un proceso absolutamente viciado, que requiere ser analizado en profundidad por todos los recursos públicos que están involucrados”.
