La diputada Claudia Mix, se refirió hoy al trabajo de la Comisión Especial de Procedimientos y Criterios sobre Pensiones de Gracia del Estallido Social; sugirió revisar todas las pensiones del Estado, incluyendo las de violadores de Derechos Humanos y recordó que fue el ex Presidente Piñera quien optó por incluir a las víctimas del estallido social en la glosa presupuestaria, para darles pensiones de gracia, en vez de levantar una Comisión de Verdad y Reparación, como solicitara la oposición de la época.
A juicio de la parlamentaria, el proyecto debió declararse inadmisible, porque se refiere a atribuciones exclusivas del Presidente de la República. No obstante, la Comisión Especial ha logrado avanzar e incluir una indicación del Gobierno que abre la posibilidad de revocar algunas pensiones de gracia. «Creo que lo que tiene que ocurrir -y así lo he planteado al Gobierno- es que conversemos cómo modificar la ley para que en el futuro, las pensiones otorgadas a personas que cometan un delito o reincidan, sean bloqueadas automáticamente.»
Así mismo, Mix sugirió revisar todas las pensiones entregadas por el Estado. «Tratemos que los recursos del Estado sean bien gastados y no destinados, por ejemplo, a violadores de Derechos Humanos. Esas personas fueron condenadas por graves delitos de lesa humanidad y aún reciben pensiones millonarias con cargo al Estado», destacó, comparándo esos abultados montos, con los de las pensiones de gracia, cuyos montos no permiten subsistir de ellas.
«Recordemos, además, que cuando éramos oposición, solicitamos al ex Presidente Piñera, incluir a las víctimas de trauma ocular y otras lesiones graves en una Comisión de Verdad y Reparación. Sin embargo, el mandatario decidió darles pensiones de gracia, destinando para ello la glosa 12 del Tesoro Público del año 2021 para el 2022. De las 401 pensiones de gracia entregadas en Chile post estallido social, 41 tienen antecedentes penales, 17 las entregó el ex Presidente Sebastián Piñera y 24 esta administración», aclaró.
«Pasaron muchos filtros»
La parlamemtaria aclaró también que exiten varios filtros antes de entregar una pensión de gracia. «Quienes evaluaron las carpetas, en primera instancia fue el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos -que entonces era liderado por el señor Sergio Micco-, ente autónomo que entregaba los antecedentes y toda la documentación al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y de allí recién a la Comisión Asesora Presidencial», indicó, agregando que en ese minuto los antecedentes penales no se consideraban entre los requisitos; esa materia se está solicitando ahora.
La diputada aseguró que el gobierno se encuentra disponible para debatir y conversar sobre el tema, donde el punto de mayor inflexión es el de la retroctividad de la ley, «considerando la situación de miles de personas, ese es el punto más delicado de resolver», concluyó.
