Tras las recientes denuncias sobre posibles irregularidades en la realización de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en la provincia de Llanquihue, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) expresó su profunda preocupación ante la certeza de la información proporcionada por este importante instrumento de recopilación de datos y solicitaron, a los ministerios del Interior y Economía y Turismo, que remitan toda la información necesaria para corroborar la veracidad de la encuesta y así poder esclarecer las circunstancias de las modificaciones. Más precisamente, los decretos que certifiquen los cambios adoptados.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encargado de ejecutar la ENUSC, fue objeto de denuncias por falsificaciones, dando lugar incluso a acciones judiciales interpuestas por una funcionaria que alega persecución tras dar a conocer las mencionadas irregularidades.
Concretamente se habrían introducido modificaciones a la metodología de la encuesta, modificaciones que de manera inédita no habrían sido discutidas ni visadas en instancias técnicas colectivas. En efecto, según señalan los parlamentarios de RN: “No tenemos memoria que en los años en los que se ha desarrollado la ENUSC se hubieran introducido cambios metodológicos sin que ello hubiese sido previamente estudiado y validado por instancias técnicas”.
Por esta razón, y conscientes de la gravedad de la situación, los diputados de Renovación Nacional A raíz de ello, los diputados Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, solicitaron tanto a Carolina Tohá como a Nicolás Grau, esclarecer estos inéditos cambios introducidos a una herramienta que también es vital para el desarrollo de políticas públicas desde el parlamento, según consignan en el escrito remitido. Por lo que “debe gozar de la máxima credibilidad”. Sin embargo, “las circunstancias descritas revelan una cadena de errores que afectan la integridad de los resultados y, por ende, la capacidad del Gobierno y del Parlamento para diseñar políticas públicas efectivas”.
En este sentido, el documento indica que “en el marco de la crisis de seguridad más grave desde el retorno a la democracia, el Gobierno comete una serie de errores que impiden a los órganos encargados de resguardo del orden y la seguridad pública interior contar con información veraz para llevar a cabo su delicada tarea”
Asimismo, “el Parlamento tiene a la vista una serie de consideraciones al momento de debatir iniciativas legislativas o de controlar los actos gubernamentales, todo lo cual se ve seriamente entorpecido al no contar con datos y estadísticas que sean una fotografía real de lo que ocurre a millones de chilenos”.
“En todo caso -dicen los diputados- intentar focalizar la responsabilidades solamente en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y particularmente en el Instituto Nacional de Estadísticas, importa desconocer que la encuesta más relevante en materia de seguridad ciudadana adolece de una serie de vicios que fueron concebidos y permitidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto merece un especial reproche, en tanto es precisamente esta cartera de Estado la encargada de resguardar el orden y la seguridad pública interior en tanto colaborador en dicha tarea del Presidente de la República”.
Los parlamentarios, además indican que, en este contexto, la autoridad debería evaluar una auditoría al trabajo de los encuestadores para certificar la autenticidad de los resultados. De manera similar, se insta al Ministro de Economía, Fomento y Turismo a realizar un sumario administrativo en la Dirección Regional del INE de Los Lagos, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público en caso de verificar que no se haya denunciado oportunamente, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
Finalmente, los diputados de RN calificaron la situación de “sumamente grave” y reiteraron su compromiso con la transparencia y la veracidad de la información que respalda las decisiones gubernamentales y legislativas, y confían en que las autoridades resolverán de manera diligente la solicitud para restablecer la confianza en la ENUSC y en las instituciones encargadas de su ejecución.
