Los diputados Marta Bravo y Daniel Lilayu llamaron al Gobierno a patrocinar dicha iniciativa, luego que esta mañana se produjera un nuevo robo desde un centro asistencial en Santiago.
Los diputados de la UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Lilayu, llamaron al Gobierno a patrocinar un proyecto de ley que presentaron para que el tráfico de fentanilo -y de otras sustancias- sea sancionado con hasta 20 años de cárcel cuando dicha sustancia haya sido sustraído desde un recinto médico, tal como ocurrió esta mañana en la ex Posta Central, donde un enfermero fue detenido tras robar una jeringa con cerca de 13 milímetros del compuesto.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que la iniciativa surgió luego que la Policía de Investigaciones (PDI) advirtiera que la mayoría de las incautaciones de fentanilo que han realizado durante los últimos años corresponden a “mermas” desviadas justamente desde algún área hospitalaria, principalmente por parte de quienes suelen manipular o tener acceso a dicha sustancia, como también ocurrió en el Hospital de Iquique, donde se robaron 10 milímetros de la “droga zombie”, que ha sido calificada de esa manera por los graves efectos que genera entre las personas.
Por lo mismo, Bravo y Lilayu detallaron que el proyecto propone una nueva circunstancia agravante en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos, para aumentar las penas en un grado cuando la sustancia haya sido sustraída desde algún establecimiento de salud.
“Es urgente que comencemos a adoptar distintas medidas para evitar que el fentanilo se termine convirtiendo en una droga de alto consumo en nuestro país. Durante el último mes se han registrado las detenciones de dos personas portando dicha sustancia, como también se han registrado distintos casos de robo en hospitales. Por eso decidimos presentar este proyecto de ley, pero necesitamos que el Gobierno se comprometa a patrocinar y otorgarle urgencia, porque sabemos que la mayoría de las sustancias incautadas fueron desviadas de algún área hospitalaria”, explicaron los legisladores.
En esa línea, los diputados Bravo y Lilayu detallaron que la actual legislación establece penas de hasta cinco años de cárcel para el microtráfico y 15 años en caso de tráfico, por lo que si se llega a acreditar que una persona sustrajo el fentanilo desde un establecimiento de salud en el país, arriesgaría una condena que incluso podría llegar a los 20 años de presidio en algunos casos.
“Si realmente queremos evitar que en nuestro país se repitan las mismas imágenes que vemos en Estados Unidos, donde sólo el año pasado hubo más de 11 mil muertos por sobredosis de opioides, es indispensable que empecemos a actuar desde este minuto. Y eso no sólo incluye avanzar en las modificaciones legales que correspondan, como la que estamos proponiendo ahora, sino que también requiere de un compromiso de las actuales autoridades por fortalecer los controles fronterizos y desarrollar, de una vez por todas, una campaña informativa donde se expliquen los devastadores efectos que esta droga puede provocar en las personas”, reiteraron los parlamentarios.
