El Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible ha estimado necesario referirse a la propuesta de texto constitucional emanado del Consejo Constitucional y, luego de un proceso abierto de reflexión, ha llegado a las siguientes conclusiones:
- La propuesta del Consejo Constitucional no emana de un acuerdo nacional
El tercer proceso de elaboración de un nuevo texto constitucional llega a su fin. Se inicia un período de reflexión y toma de posiciones y el 17 de diciembre próximo, chilenas y chilenos decidiremos si aprobamos el texto que se nos va a proponer o si resolvemos quedarnos con el texto actualmente vigente.
El nuevo texto no ha surgido de un acuerdo transversal y no cumple con unir al país. Es un texto sectario y aún más conservador que el vigente, en su afán de limitar la capacidad del Estado para abordar los graves desafíos sociales, recuperar la capacidad de crecimiento, enfrentar la crisis climática y abordar la transición energética. Estos son los grandes temas donde la Constitución debería proponer un marco consensuado para las próximas décadas. - De aprobarse, se mantendrá el clima de inestabilidad.
La consecuencia económica más grave relacionada con la propuesta que entrega el Consejo es que no cierra el proceso institucional, ya que para ello una constitución debe generar certidumbre, lo que se consigue si goza de una legitimidad general. La propuesta del Consejo representa sólo una visión de la sociedad chilena y excluye a otras. Con ello, continuarán las tensiones que dieron origen a la búsqueda de una nueva Constitución.
Sin un gran acuerdo no tendremos un orden estable. Sin un orden estable no hay posibilidad de crecimiento económico sostenible y progreso social. Se equivocan – y mucho -quienes creen que aprobar esta propuesta asegurará estabilidad económica y social.
- Constituye un retroceso institucional desde la perspectiva democrática
La propuesta del Consejo Constitucional puede ser considerada como una propuesta ideológicamente comprometida pues contiene innumerables definiciones que corresponden al espacio de las políticas públicas y no al orden constitucional. Busca perpetuar el orden económico social que satisface a la derecha. Al elevar estas políticas al rango constitucional, sin decirlo explícitamente, se retrocede respecto del acuerdo de 2022 que suprimió las leyes orgánicas constitucionales, y más grave aún, se eleva el quórum que requiere su modificación.
Si se aprueba la propuesta del Consejo, avanzar hacia mecanismos solidarios y de seguridad social en salud y pensiones, en calidad de la educación requerirá reformas constitucionales, incluso con un quórum más elevado que el actual. Es una falsedad pregonar la libertad de elección en salud, educación o previsión cuando esa pretendida libertad depende de los ingresos de cada persona, es una libertad para los altos ingresos y un sometimiento para la gran mayoría de chilenas y chilenos.
- Limita las capacidades del Estado, pero aumenta su tamaño burocrático y genera déficit fiscal
La propuesta neoliberal promueve la reducción del Estado y de sus funciones económicas, impidiendo que el Estado tome iniciativas para promover el desarrollo económico, pero al mismo tiempo incrementa su tamaño y burocracia, ya que crea numerosos servicios, incluida una policía de fronteras, que incrementan su tamaño. Y lo hace reduciendo la carga tributaria, por lo que la propuesta constitucional emanada del Consejo, es populista y fiscalmente irresponsable. Esto ciertamente afectará la estabilidad económica y el crecimiento. La exención del pago de contribuciones por la primera vivienda es la guinda de la torta neoliberal, ya que favorece al 20% más rico (el 77% de las familias no paga contribuciones), desfinancia a los municipios más pobres que dependen críticamente de esos recursos y genera desequilibrio fiscal pues esos ingresos que pierde el fisco no se reemplazan por otros.
La propuesta del Consejo Constitucional no establece un Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando el conjunto de las fuerzas políticas, en noviembre de 2019 y después en diciembre de 2022, concordaron los procesos de elaboración de una nueva constitución, lo hicieron sobre la explícita necesidad de profundizar la democracia y establecer un marco económico social alejado de una visión ideológica, y por ello en la segunda oportunidad fijaron doce principios, siendo uno de ellos el establecer un Estado Social y Democrático de Derecho. Este principio, si bien aparece en el texto propuesto, en la práctica es sistemáticamente anulado en innumerables incisos y párrafos, dejándolo vacío de contenido.
La propuesta representa un retroceso en el ejercicio de la democracia y la protección de los derechos.
La profundización democrática requiere ampliar los espacios de participación ciudadana, superar exclusiones y discriminaciones, mejorar los sistemas de representación y la descentralización, en tanto una institucionalidad que establece un sistema de protección social debe profundizar, establecer o ratificar derechos en educación, salud, pensiones, protección de los ingresos, acceso a la habitabilidad y los bienes comunes, y los que corresponden al hecho de ser persona. Esto no ocurre en la propuesta emanada del Consejo.
En algunas de estas materias el Consejo Constitucional como en lo relativo a educación, salud, protección de los ingresos y equidad de género, lo ya establecido no significa avance alguno y, en varios casos, como educación y protección de los ingresos, el retroceso en materia de derechos es un hecho, ya que en lugar de avanzar en el sentido de los acuerdos y promover un cambio que desideologice el texto, ha profundizado la ideologización del mismo. También hay retrocesos en representación y en superación de las discriminaciones y exclusiones, como en materia de género y pueblos originarios.
- Omite el principal desafío que enfrentamos: el cambio climático
La propuesta del Consejo ignora y omite el principal desafío de nuestro tiempo: el cambio climático. Y lo hace por razones ideológicas, dado que el negacionismo climático ya es una bandera de la ultraderecha global. Esconder la cabeza frente al impacto devastador de sequías, inundaciones, deshielos antárticos, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y del mar y otros desastres provocados por las intervenciones del ser humano es de una irresponsabilidad gigantesca, especialmente frente a los niños, niñas y adolescentes y las generaciones futuras; también con respecto a los adultos mayores y las personas enfermas. La Constitución que se nos propone no tiene nada que decir frente al principal desafío que afronta la humanidad. Por cierto, una Constitución no establece medidas concretas para abordar este tema, pero sí puede establecer un marco de derechos y deberes compatibles con el mejor abordaje de este desafío.
- El texto propuesto por la Convención es un retroceso civilizatorio
La propuesta republicana, avalada por la UDI y por RN impide avances en seguridad social, al privatizar derechos sociales en salud, educación y pensiones. Incorpora en la Constitución el modelo privatizador de las AFPs y las Isapres, haciendo impracticable, por inconstitucional, cualquier mecanismo solidario en salud y pensiones. Las pensiones miserables que entregan las AFPs quedarán ancladas en la Constitución. El derecho a la salud y a la educación seguirá dependiendo del ingreso de las personas. El derecho a la vivienda digna tampoco es reconocido. El derecho a la huelga será restringido. El cambio climático es ignorado. Nuestros pueblos originarios no tienen presencia. El derecho al medio ambiente seguirá condicionado a los intereses empresariales. Se retrocede en derechos sexuales y reproductivos; el aborto en tres causales se ve amenazado. La paridad de género en elecciones parlamentarias se queda en el discurso.
- La constitución actual es mejor que la propuesta del Consejo
El texto actualmente vigente no cuenta con legitimidad de origen, pero fue modificado por una amplísima mayoría en el plebiscito de 1989 y luego, en democracia, experimentó cambios importantes. Entre ellos, los que nos han permitido elegir a nuestras autoridades locales y regionales; terminar con las normas que establecían un tutelaje por el Consejo de Seguridad Nacional; modificar el sistema electoral; reducir el quórum de modificación del texto constitucional y eliminar los quórums supra mayoritarios establecidos en las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales. La suma de estos cambios no resuelve el tema de su origen, pero permite señalar que es una constitución democrática. Sin embargo, en lo económico y social, sigue conservando una mirada ideológica fundamentada en el neoliberalismo. Lo relevante, no obstante, es que actualmente haciendo uso de los mecanismos que esa misma normativa contiene, una mayoría puede modificar dicho enfoque. De aprobarse la propuesta constitucional de los republicanos, ello sería prácticamente imposible.
- Una mala Constitución no debe ser aprobada.
Una mala Constitución no debe ser aprobada. Una peor que la actual, mucho menos. No hay que aceptar la amenaza de que rechazar el texto del partido republicano clausura cualquier posibilidad de un nueva y mejor orden constitucional. Cometen un gran error las dirigencias empresariales que afirman que aprobar el texto en cuestión cierra el debate institucional.
Las razones de fondo que condujeron al proceso de reforma constitucional siguen tan válidas como en 2019. Nada sustantivo ha cambiado; las demandas sociales en salud, educación, pensiones y vivienda siguen desatendidas, y el texto emanado del Consejo profundiza su desatención.
Dado que, de aprobarse la propuesta republicana, se vería reforzado el modelo neoliberal que nos entrega bajas remuneraciones y pensiones, una salud y una educación para pobres y otras y mayores libertades para ricos; si queremos una mejor manera de vivir para todas y todos no corresponde aprobarla. Solo rechazando la propuesta del Consejo Constitucional se obligará, nuevamente, a establecer un compromiso con la solución a los problemas graves que sufre la gran mayoría de la población, y que requieren estabilidad y un impulso al crecimiento sostenible.
Para que en Chile el ejercicio de la libertad y la democracia sean profundizados, y los cambios que el pueblo demanda sean posibles, llamamos a votar EN CONTRA y a la construcción de los acuerdos que superen el estancamiento político en que nos encontramos.
