“Hoy existen cuatro defensores penales públicos imputados, decisión que fue tomada única y exclusivamente por el Ministerio Público. Esto, por ejercer sus labores donde, amparados legalmente, solicitaron acceso a la identidad de los testigos reservados”, explicó este jueves el Jefe de Estudios de Arica y Parinacota, Cristián Martin”.
El próximo 25 de octubre a las 8:30 horas, el Juzgado de Garantía de Arica revisará la solicitud de sobreseimiento respecto de los cuatro defensores penales públicos investigados por Ministerio Público tras el retiro de los sobres con las identidades de los testigos reservados, en el marco de la investigación del denominado caso Tren de Aragua.
“Hoy existen cuatro defensores penales públicos imputados, decisión que fue tomada -única y exclusivamente- por el Ministerio Público. Esto, por ejercer sus labores donde, amparados legalmente, solicitaron acceso a la identidad de los testigos reservados” explicó este jueves el Jefe de Estudios de Arica y Parinacota, Cristián Martin.
“Esta decisión afecta directamente el ejercicio de la defensa pues, por realizar dentro del marco legal y ético, su labor, son objeto de persecución, lo que afecta –derechamente- el trabajo que se ha realizado en la causa en cuestión”, agregó el directivo, enfatizando que “resguardando los intereses de sus defendidos, se solicitó el amparo al juez de garantía para que se suspenda la audiencia de preparación de juicio oral esperando que se resuelva la solicitud de sobreseimiento definitivo presentado en favor de los abogados defensores por estar convencidos, que no han cometido delito alguno”.
El pasado 15 de septiembre, los defensores penales públicos en cuestión entregaron voluntariamente los sobres con las identidades de los testigos reservados acompañados por la fiscalía.
Según explicó en esa oportunidad el Defensor Regional Sergio Zenteno, “los defensores, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto”.
“Queremos recalcar que la información ha sido manejada por nuestros defensores penales públicos bajo estrictas medidas de confidencialidad y nunca ha sido entregada a terceros, ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores”, agregó en esa oportunidad la máxima autoridad de la Defensoría Regional.
Por último, el abogado Martin destacó que, “el cumplimiento fiel del mandato constitucional y legal de ejercer el derecho a defensa jamás puede ser objeto de persecución criminal”.
