La Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) presentó sus directrices clave para la Ley de Presupuestos 2024, ad portas a que el Ejecutivo ingrese la iniciativa este viernes. La prioridad de los parlamentarios es lograr un presupuesto que combine la austeridad con el estímulo al crecimiento económico.
A través de una minuta los parlamentarios difundieron dos aspectos claves para la discusión: Mejoras en Gestión del Estado y Mejoras en transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Respecto de las mejoras de la gestión del Estado: Los diputados argumentan que el Gobierno, en su propuesta de Pacto Fiscal, propone aumentar los gastos del Estado en áreas prioritarias, como pensiones, salud y seguridad pública. Para financiarlo, el Ministerio de Hacienda considera un “dividendo de eficiencia” que es, en palabras simples, eliminar gastos ineficientes del Estado para que puedan ser destinados a estas necesidades más urgentes.
Por lo anterior, advierten los diputados que el Presupuesto 2024 debe considerar la reformulación o eliminación de todos los programas que han sido evaluados deficientemente. A modo de ejemplo, recientemente Dipres informó de ocho iniciativas en la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) , de las cuales sólo dos obtuvieron un desempeño medio y las otras seis un desempeño bajo o malo. Esto sólo resalta la existencia de grandes espacios para la mayor eficiencia fiscal y que se pueden ahorrar recursos para ser destinados a usos más eficientes y que la ciudadanía requiera con mayor urgencia.
Respecto del “Caso Convenios” los parlamentarios manifestaron que es fundamental hacer una discusión respecto de una mejor definición de ejecución presupuestaria de los GORES, luego que en la ejecución pasada se ocultaran gran parte de los traspasos y contratos cuestionados.
En ese sentido Sofía Cid, integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, afirmó: “Tendremos especial atención a la fiscalización de las transferencias de recursos a instituciones para que no tengamos un nuevo caso convenio, pero al mismo tiempo debemos evitar que el exceso de controles, o los controles que nosotros coloquemos, puedan generar más burocracia y (que) esta burocracia termina siendo más difícil la ejecución de los proyectos y la ejecución presupuestaria en estricto rigor”.
Sobre la reactivación económica los diputados RN indican que: “Esperamos que no se quede sólo en anuncios y en letra legal muerta. El año pasado, el Presidente Boric hizo un gran anuncio: que el MOP contaría con 1.7 billones de pesos (millones de millones) para el Programa de Infraestructura para el Desarrollo, lo que supuestamente impulsaría el alicaído sector construcción, creando empleo y reactivando la economía en general, sobre todo en las regiones más rezagadas”.
Para los parlamentarios RN, el Ejecutivo sólo trabaja para los titulares de prensa. A modo de ejemplo, al mes de julio, que es el último dato, se ha ejecutado sólo el 0.3%. “Esto plantea la duda de si el gobierno venderá nuevamente la idea de un gran presupuesto reactivador sin ser capaz de llevarla a cabo”; se preguntan.
Sobre el gasto en infraestructura, el diputado Miguel Mellado -que es parte de las comisiones de Economía y Hacienda- explicó que “tanto los gobiernos regionales como los gobiernos centrales, tienen un subtítulo 31 que es inversión, que es la musculatura del país, que es donde crece el PIB tendencial también (…) colocan un montón de obras que van a hacer el 2023, que no lo hicieron; va a ser lo mismo el 2024 y a los tres primeros meses ya están traspasando del subtítulo 31 al subtítulo 33, donde ellos hacen transferencias y tienen una ejecución de un gasto de 100% pero sólo con gasto corriente y sin hacer las obras de infraestructura que se necesitan”.
Concluyendo que “todo lo que infraestructura tiene que quedar en infraestructura, y no pasarse a gasto corriente porque eso no da empleo, no genera el desarrollo económico y creo que si el gobierno quiere en este presupuesto tener mayor desarrollo económico, tener injerencia en creación de empleo, debe chicotear un poco más el tema de inversión que ha sido paupérrimo el año 2023”.
Coincidió con esto la diputada Sofía Cid, afirmando que el presupuesto debe estar “enfocado a reactivar la economía, en el crecimiento y la generación de empleos. Esto está directamente relacionado también con potenciar la inversión en obras públicas y por supuesto también reactivar el sistema de concesiones que ha estado paralizado durante este gobierno”.
En el ámbito de la salud, la mayor preocupación la concentra en las listas de espera, y en ese sentido, los parlamentarios, esperan cuál será el monto del aporte per cápita en la atención primaria, que es una medida de cómo el gasto en servicios de salud se reparte entre municipios, según criterios como población beneficiaria en la comuna, nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar atención de salud. “También veremos las propuestas en materia de digitalización de procesos, para que pueda usarse con mayor intensidad la infraestructura hospitalaria”, señalan.
En cuanto al aumento del desempleo, la preocupación de los legisladores se relacionan con los programas de intermediación laboral del SENCE que no ha tenido una buena evaluación incluso desde la propia DIPRES. “Por ello, propondremos que la creación de empleo sea efectivamente un objetivo de las autoridades políticas, al menos para el año 2024, porque para este año parece no importarles”, aseguran.
Respecto a la vivienda, los parlamentarios buscarán que se acelere la construcción de 260 mil viviendas que prometió el Presidente para ”aliviar la crisis habitacional, porque al ritmo actual, sumado a las continuas quiebras de empresas constructoras, es muy poco probable que se llegue siquiera a la mitad de esa cifra”.
Respecto de las mejoras en transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos
Para los parlamentarios RN, el caso Convenios sin duda que formará parte de la discusión presupuestaria, no sólo de los GORES y SEREMIS, sino que se buscará recuperar las confianzas de la ciudadanía en el Estado, por medio de mayores estándares de probidad y transparencia no sólo de los organismos públicos, sino que también con los privados con los que interactúa.
“Como primera medida, se buscará introducir la concursabilidad como regla general en la asignación de recursos a terceros fuera del sector público, sobre todo en las áreas de mayor impacto social”, señalan.
“En segundo lugar -continúan- se estudiará formas para limitar las reasignaciones presupuestarias que aumentan recursos para transferencias corrientes (las que pueden ser usadas para convenios). En ese mismo sentido, se buscará exigir boletas de garantía para cualquier tipo de transferencia que haga el Estado, para que no nos pase lo mismo que con Democracia Viva”.
Finalmente, la bancada RN afirma que “también trabajaremos para reponer glosas de información que Marcel borró el año pasado, como la que hubiera informado al Congreso respecto de nómina de municipalidades beneficiadas con el programa de asentamientos precarios del MINVU, la cantidad de recursos entregados a cada una de ellas y las actividades realizadas con dichos recursos. Estas llamadas “simplificaciones” simplemente sirvieron para ocultar la reducción de estándares de ejecución en áreas sensibles para la población, despojándolas de recursos que hubieran servido más, literalmente, en cualquier otra cosa”.
