Se trata de la querella que ingresaron el jueves pasado los abogados Rodrigo Arancibia Moreno y Álvaro Camus Cruz, por falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, y que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite en contra del notario público Patricio Raby Benavente.
La acción judicial se enmarca en el denominado caso Primus -el segundo factoring no bancario del mercado- donde su accionista principal, Raimundo Valenzuela, acusa que dos de sus exgerentes perjudicaron a la compañía mediante cheques falsos y clientes desacreditados.
Valenzuela recurrió a la justicia para exigir la liquidación de 24 sociedades por deudas superiores a los $30 mil millones de pesos.
La querella de los abogados Moreno y Camus en contra del notario Raby Benavente apunta a cinco sociedades del empresario antofagastino Pablo Ormeño Fredes.
Se trata de Limpieza Industrial Chile SpA, Security and Health SpA, Gastronomía Santiago SpA, Logistics and Services Pes SpA y Constructora Veta Limitada, que mantienen deudas con Primus por un total de $16.963 millones de pesos.
La defensa de Primus solicitó en julio la quiebra de las sociedades que reconocen la millonaria deuda según la compañía que los persigue en la justicia civil. Sin embargo el reconocimiento de esas deudas fue suscrito por la propia Primus Capital, actuando como mandataria de estas sociedades.
Moreno y Camus, los abogados que se querellaron en contra del notario Raby, argumentaron en el libelo que estos mandatos habían sido revocados entre el 16 y el 26 de mayo en la notaría de Álvaro González Salinas, donde originalmente se habían suscrito los contratos. Por lo anterior, al mes de julio, Primus no tenía facultades sobre esas sociedades.
Los abogados querellantes pidieron la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, solicitaron la comparecencia en calidad de testigo del empresario Pablo Ormeño Fredes; del notario Álvaro González Salinas; los abogados de Primus, Brian Moore y Cristian Gandarillas; y también de los socios mayoritarios de Primus, Raimundo Valenzuela y Eduardo Guerrero.
“Habiéndose revocado los mandatos otorgados por las señaladas sociedades durante el mes de mayo del año en curso ante el notario público que dio fe de las escrituras públicas revocadas, Primus Capital S.A. ya no contaba con facultades para suscribir reconocimientos de deudas en su propio favor, por lo que debió recurrir a otros notarios públicos que se prestaran para la realización de escritura públicas de “reconocimiento de deuda, en la cual dieran fe de la personería y facultad de Primus Capital S.A. para suscribirlas, a lo cual habría accedido el notario público Patricio Raby Benavente” se lee en la querella.
