El tren al sur que tomaron durante agosto los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, llevó a los diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum Muñoz, Marcia Raphael Mora, Andrés Celis Montt, Camila Flores Oporto y Andrés Longton Herrera, a solicitar al Contralor General de la República que inicie un sumario en relación a la gira presidencial y de ministros que promueve la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno.
El documento hace hincapié en la reciente estrategia del Presidente Gabriel Boric para avanzar en su programa de gobierno, especialmente en la reforma de pensiones y la reversión de la derrota sufrida en marzo pasado con la Reforma Tributaria. En ese contexto, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Roman, fueron enviados a una gira en tren por el sur del país para promover estas propuestas en encuentros ciudadanos.
Los diputados de RN cuestionaron la legalidad y la ética de estas actividades, señalando que la difusión de iniciativas en trámite legislativo o pre legislativo a través de estos «encuentros ciudadanos» es una forma de encubrir actividades políticas y manipular la opinión pública a favor de las posturas gubernamentales. También cuestionan la participación de ministros en estas actividades, argumentando que se desvían de sus áreas de competencia y hacen un uso inapropiado de recursos públicos.
“Finalmente, está la utilización de infraestructura de administración municipal para la realización de estos encuentros; cuestiones que se pasarán a detallar a continuación desde el punto de vista de la normativa vigente y los dictámenes que ha emanado sobre la materia el Ente Contralor”, agregaron en el escrito.
En virtud de estas preocupaciones, los diputados solicitan a la Contraloría que investigue y emita un pronunciamiento sobre la legalidad y ética de estas actividades, así como sobre la pertinencia de la participación de ministros y el uso de recursos públicos en esta campaña de difusión. Así lo detalló el jefe de bancada, Frank Sauerbaum:
“Hemos oficiado a la Contraloría para conocer si procede la gira nacional que hicieron los ministros Marcel de Hacienda y Jara de Trabajo para dar a conocer lo que es el pacto fiscal, proyecto de ley que todavía no ingresa al Congreso Nacional y más bien pareciera buscar adhesión pública para las medidas que el gobierno toma, cosa que es absolutamente cuestionable considerando que hoy día no hay proyectos de ley que se hayan tratado ni que estén aprobados. Es incomprensible lo que el gobierno hace buscando desesperadamente adhesión ciudadana a reformas que no son compartidas por la mayoría de los ciudadanos pero tampoco en el Congreso”.
Mientras que la diputada Camila Flores, añadió que “el gobierno está desplegado en todo el país y, por cierto, que muy especialmente en la Región de Valparaíso para tratar de, con recursos públicos, en dependencias públicas, tratar de validar sus reformas fracasadas, llevando esta discusión fuera del lugar que corresponde debatirlo. Esto es el Parlamento”.
La parlamentaria recordó que los proyectos “ni siquiera están siendo debatidos en la sede legislativa y están haciendo utilización descarada de todo el aparato público para tratar de convencer a la ciudadanía, en horario laboral, por cierto, e insisto, además, con recursos y con personal, con funcionarios públicos dedicados a estos efectos”. Precisando que se trata “de una campaña para tratar de instalar en la opinión pública que estas reformas, según el punto de vista de este gobierno, son buenas, cosa que, por cierto, yo no comparto. Esto, sin duda alguna, desde mi perspectiva, está absolutamente al margen de la ley y por eso estamos solicitando a Contraloría se puedan pronunciar respecto a estos hechos porque no guardan el mínimo decoro con los principios de la probidad”.
Para el también diputado por la Región de Valparaíso, Andrés Celis, el tren al sur de los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, además de las actividades en recintos municipales de la ministra del Interior, “claramente afecta tanto al principio de la probidad como el de la transparencia, dejando absolutamente en evidencia la nueva estrategia del gobierno para así intentar manipular a la opinión pública y también avanzar con las propuestas gubernamentales, tanto como la de pensiones como el denominado Pacto Fiscal”.
Finalmente Celis señaló que “el país no está en condiciones de gastar recursos públicos y menos para tapar actividades políticas que buscan reafirmar la postura del Gobierno presidido por el Mandatario Gabriel Boric. Nos hemos mostrado dispuestos a colaborar para avanzar en estas materias pero este tipo de actividades masivas destinadas a difundir y favorecer iniciativas que aún no están puestas en discusión en el parlamento (…) resultan absolutamente inaceptables y se deben sancionar como actos contrarios a la probidad administrativa”.
