60% de los encuestados se inclina por la opción de votar “en contra” del nuevo texto constitucional, 16 puntos más que lo observado el mes pasado. Sin embargo, 58% de los consultados señala que quiere que se cambie la Constitución. Se establece así un marco de deseabilidad de cambiar el texto, pero insatisfacción sobre el proceso y el texto que se está elaborando.
79% de los encuestados manifiesta que es necesario alcanzar grandes acuerdos. No obstante, la mayoría no ve esta disposición en el Consejo Constitucional. Sólo un 17% indica que el Partido Republicano (PR) ha buscado puntos de encuentro. Un 54% de las personas entrevistadas señala que el texto constitucional se acercará a las posturas del PR y un 67% expresa que José Antonio Kast tiene mucha o bastante influencia en la elaboración de la nueva Constitución.
En relación con la agenda de género, sobre un 80% de las personas entrevistadas apoya la interrupción del embarazo en cualquiera de sus tres causales, y un 63% respalda la democracia paritaria.
Un significativo incremento en la preferencia por votar “en contra” en el plebiscito de salida se advierte en el seguimiento que realiza el observatorio VAR Constitucional, de la Universidad Diego Portales junto a Feedback. Si en el mes de julio el porcentaje de voto en contra alcanzaba al 44%, en la medición de agosto el porcentaje se eleva al 60%. En tanto, la opción “a favor” solo alcanza a un 23%.
Al observar el perfil de quienes se inclinan por la opción “en contra”, se aprecia que, principalmente, se trata de personas de un nivel socioeconómico bajo (64%), de entre 18 y 29 años (64%), que declaran tener una preferencia de izquierda (77%) o de derecha (63%). Por otra parte, quienes más se inclinan por votar “a favor” son encuestados de estratos altos (30%), de entre 50 y 59 años (26%), y de centro-derecha (37%) o de centro (29%).
Entre quienes dicen que votarán en contra, las razones principales se atribuyen a que “el proceso actual no es legítimo” (25%), y, “porque no resuelve los problemas del país” (23%). Los motivos para oponerse dependen de la posición política de los encuestados. Quienes se identifican con la derecha expresan que el motivo principal para votar en contra es porque el texto “no resuelve los problemas del país”, mientras que, quienes son de centro-derecha aluden a que prefieren “mantener la Constitución actual”. En el otro lado del espectro, los de centro-izquierda señalan que no se sienten representados por los pactos políticos presentes en el Consejo. Y, por último, quienes se ubican más a la izquierda señalan que no les gusta cómo está quedando el texto.
En relación con el nivel socioeconómico, también se observan diferentes causas que explican la opción de votar “en contra”. Los sectores bajos señalan que la nueva Constitución no resuelve los problemas del país, mientras que los segmentos medios aluden, principalmente, a la ilegitimidad del proceso, y los consultados pertenecientes a los sectores altos a que no se sienten representados por los pactos políticos presentes en el proceso.
Otro elemento importante que podría incidir en la postura desfavorable hacia la nueva Constitución se refiere a la evaluación del desempeño de los propios consejeros. Mientras en julio, el 52% calificó con nota superior a 4 a los consejeros Republicanos, en la medición de agosto, la cifra cae a un 42%. Asimismo, la mayoría de los encuestados califica con nota entre 1 y 3 a todos los grupos políticos con presencia en el Consejo Constitucional.
Mayoría por acuerdos y una nueva Constitución
Pese a que la mayoría de las personas encuestadas se inclina por rechazar el nuevo texto, un 58% de la muestra expresa su aspiración a que se cambie la Constitución vigente y un mismo porcentaje declara, también, que considera importante o muy importante que se elabore una nueva Carta Magna. De este modo, se advierte una paradoja entre la deseabilidad de contar con una nueva Constitución y la insatisfacción ciudadana respecto de cómo se ha llevado adelante el proceso y el debate sobre el texto que se está escribiendo. Las personas que manifiestan mayor interés en cambiar la Constitución son mujeres (64%), personas de 18-29 años (76%), y de izquierda o centro izquierda.
Escepticismo frente a voluntad de acuerdo del PR
El 79% de los encuestados señala que es necesario buscar acuerdos en el Consejo Constitucional. Sin embargo, al ser consultados sobre la disposición que existe de parte de las colectividades políticas solo un 17% indica que ese ha sido en el caso (PR), 20% en el caso de la UDI, 23% en el caso de RN, 27% en el caso de Evópoli, 30% en el caso del Frente Amplio, y 31% en el caso del PS.
En esa línea, un 54% de las personas entrevistadas indica que el texto que se someterá a plebiscito se acercará más a las posturas del PR, mientras el 30% indica que se aproximará a las posiciones de Chile Vamos y solo el 12% cree que se identificará con los planteamientos del pacto Unidad por Chile. Quienes estiman que el texto se acercará a las posturas del PR son en su mayoría hombres, de estratos altos, jóvenes y de centro-izquierda. En tanto, el 67% de los encuestados estima que José Antonio Kast tiene mucha o bastante influencia en la elaboración del texto, mientras el 57% les asignan alta influencia a los empresarios, 49% a los expertos en derecho constitucional, 45% a los presidentes de los partidos, 30% a la alcaldesa, Evelyn Matthei, 23% al presidente, Gabriel Boric, y 14% a la sociedad civil.
Dispar apoyo a enmiendas presentadas por partidos
En el caso de las enmiendas presentadas por el PR, se observa un disímil respaldo de los encuestados. Así, los porcentajes de “acuerdo + muy de acuerdo” con ellas son: 80% apoya reducir el número de parlamentarios en la Cámara Baja y en el Senado; 71% está de acuerdo con sancionar a quienes no cumplen con el deber de defender la soberanía del país y contribuir a preservar la seguridad nacional; 66% manifiesta que se debe eximir del pago de contribuciones a la vivienda principal; y 63% se inclina por proteger la vida del niño que está por nacer y la maternidad.
Aquellas que reciben menor apoyo son: 51% por reemplazar la expresión “Cámara de Diputadas y Diputados” por “Cámara de Diputados”; 50% por suprimir la norma transitoria de paridad para representación 60/40 de hombres y mujeres en el Congreso; 48% por eliminar los impuestos al patrimonio de las personas; 30% para permitir que reos de 75 años puedan hacerlo bajo reclusión nocturna; y 24% para que las Iglesias y Confesiones religiosas no paguen impuestos.
Respecto de las enmiendas de Unidad para Chile (FA+PS+PC), aquellas que obtienen mayor apoyo (de acuerdo y muy de acuerdo) son: 91% por garantizar los derechos de las personas con discapacidad; 91% por reconocer el derecho a una vejez digna; 91% por reconocer y asegurar el interés superior de los niños; 90% por que los diputados y senadores reciban como única dieta la que establezca la ley; 85% por reconocer el valor económico y social de las labores de cuidado; 82% por establecer el derecho a la alimentación adecuada; 76% por la gratuidad para la educación superior; y un 63% por incorporar la democracia paritaria.
Alto apoyo para mantener ley de aborto por 3 causales
En relación con la agenda de género, solo un 12% se muestra de acuerdo con la prohibición a nivel constitucional del aborto bajo cualquier circunstancia, mientras un 59% considera que se debe regularlo para casos especiales mediante una ley.
En tanto, el 74% de los entrevistados se inclina por mantener la normativa vigente en el país sobre interrupción del embarazo en tres causales. Cuando se pregunta por el grado de acuerdo en cada uno de los casos establecidos en la ley, un 87% apoya el aborto si la vida de la madre corre serio peligro con el embarazo, un 86% por inviabilidad fetal de carácter letal, y, un 83%, cuando la mujer quedó embarazada producto de una violación.
Metodología: El estudio de campo fue realizado por Feedback Research, entre el martes 8 y jueves 11 de agosto de 2023, mediante encuestas online en una plataforma digital propia, a través de la cual se consultó a 2720 personas. La muestra es de carácter no probabilística, según cuotas por macrozonas (que abarcó un total de 173 comunas de las 16 regiones del país), género y grupos de edad. Incluyó a hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-alto, medio y medio-bajo.
