Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de las cárceles, al aprobar por unanimidad la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre el Congreso y el Ejecutivo.
Con ello, el proyecto originado en una moción de los senadores Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Pedro Araya, Felipe Kast y Matías Walker, quedó despachado por el Parlamento y en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su firma y promulgación.
Cabe recordar que esta iniciativa había sido aprobada previamente por el Senado (vea nota relacionada), pero durante su paso por la Cámara de Diputados, se le introdujo un cambio menor. Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Luz Ebensperger, quien precisó que se incorporó una frase que no alteraba la esencia del proyecto.
En esa misma línea se manifestó el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Luis Cordero, quien explicó que el cambio se hizo en atención a las explicaciones que entregó Gendarmería para precisar que se trate de aparatos tecnológicos «no autorizados».
Cabe precisar que esta iniciativa establece penas de hasta tres años a quienes sean sorprendidos con la tenencia de estos aparatos y también contempla sanciones para los funcionarios públicos que estando en conocimiento de ello, no hagan la denuncia respectiva.
DEBATE
Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Luciano Cruz-Coke, Enrique Van Rysselberghe, Ximena Rincón, Iván Moreira, Matías Walker, José Miguel Insulza, Karim Bianchi, Gustavo Sanhueza, Sebastián Keitel, Fidel Espinoza, Francisco Chahuán y Kenneth Pugh, quienes destacaron la importancia de aprobar esta iniciativa como una nueva herramienta para combatir la criminalidad desde las cárceles.
Recordaron que muchas de las estafas conocidas como el «cuento del tío» o extorsiones se realizan desde el interior de recintos penitenciarios por parte de reclusos que tienen acceso a teléfonos celulares para cometer delitos.
En tal sentido valoraron esta iniciativa que complementa una norma que sanciona el ingreso de este tipo de aparatos a las cárceles, señalando que con esto se cierra un «vacío legal» que dejaba sin sanción penal la tenencia de celulares o chips.
Asimismo, señalaron que esta medida va a contribuir a enfrentar la «crisis de seguridad» que se vive en el país, al sancionar de manera directa uno de los nichos delictuales que se mantiene en impunidad, pues hasta ahora, los líderes de bandas organizadas siguen dando órdenes desde las cárceles.
Los senadores se refirieron a las altas cifras de aparatos incautados desde las cárceles, las que bordean los 20 mil dispositivos requisados cada año.
No obstante, manifestaron que la sola existencia de esta normativa no va a solucionar todos los problemas, pues se requiere segregar a la población penal y dar mayores herramientas a Gendarmería para hacer su trabajo.
