El Consejo de Defensa del Estado adoptó la decisión de conformar un equipo de coordinación nacional, integrado por abogadas y abogados del servicio, con el fin de analizar antecedentes y documentos entregados por el Ministerio Público, en el marco de la investigación por el denominado caso “Democracia Viva”, en el que se indaga la asignación de recursos fiscales, por vía de tratos directos, a diversas fundaciones a lo largo del país.
Conforme a sus procedimientos, el CDE asignó el análisis de estos documentos a un equipo de abogados pertenecientes a las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició diligencias e investigaciones penales, esto es: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’ Higgins y Arica.
El objetivo, según el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, es “que este equipo de profesionales, conforme a las instrucciones impartidas por nuestro Comité Penal, informe periódicamente respecto de los avances de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y del análisis jurídico penal de ellas, a efectos de que podamos adoptar una decisión fundada”.
“El Consejo de Defensa del Estado comprende la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, en su confianza en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado. Con todo, la autonomía y el carácter técnico con que el Consejo evalúa los fundamentos y la oportunidad de sus actuaciones constituyen elementos esenciales para nuestro desempeño. El tiempo que esta institución debe destinar al estudio acabado de hechos, que puedan revestir el carácter de delito, resulta absolutamente necesario para arribar a la convicción jurídica que requiere la interposición de una querella criminal. Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos” añadió.
