El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó sujetos a la medida cautelar de la prisión preventiva a Francisco Lizana Retamal, Rubén Rivera Tudela y Lorena Segovia Marín, imputados por el Ministerio Público como autores del delito reiterado de malversación de caudales públicos. Ilícitos perpetrados entre 2014 y 2016.
En la audiencia de formalización (causa rol 7-2016), el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
En la causa, el Ministerio Público imputó, además, a Rivera Tudela autoría en el delito de lavado de activos.
Al resolver la medida cautelar, el magistrado sostuvo que los imputados enfrentan cargos por delitos que “son extremadamente relevantes y uno de los principales bienes jurídicos lesionados ha sido la probidad pública, lo que aparece de extremada relevancia para el tribunal”.
“Teniendo en consideración que la pena establecida por el legislador es de crimen y que la pena probable a imponer es de crimen, se cumple el criterio de peligrosidad, pero más que aquello y sobre todo el delito en sí mismo. Hoy los delitos de corrupción se alzan como los delitos que de mayor forma atentan contra el orden social y contra la paz general que necesita cualquier nación, así las cosas la peligrosidad viene dada porque es un delito que atenta contra la fe pública y desde ese punto de vista, extremadamente peligroso, por ello derechamente el tribunal impondrá la prisión preventiva de los tres imputados, estimando que se cumplen todos los criterios que establece el legislador en el Código Procesal Penal”, añade.
Según el ente persecutor, entre mayo de 2014 y abril de 2016, los imputados Lizana Catalán, director de Finanzas; Rivera Tudela, jefe de Finanzas; y Segovia Marín, jefa de Personal de la Municipalidad de Alto Hospicio, aprovechando que por sus funciones tenían a su cargo las cuentas fiscales del municipio y la información personal de los contratados, idearon una fórmula para sustraer dineros abriendo cuentas vistas a personas que trabajaron en forma temporal en la casa edilicia o que se aprestaban a terminar sus contratos.
Después de crear estas cuentas, sin la respectiva firma de contratos de quienes serían los usuarios y basado en un convenio vigente desde el 2008 con el banco emisor para el pago de remuneraciones, lograron concretar 118 traspasos de fondos municipales hacia 10 cuentas de funcionarios inexistentes, todas las cuales no contaban con decreto alcaldicio de pago y que fueron cargados, autorizados y firmados con una única clave de acceso al portal de empresas para después utilizar la clave y multipass personal de Lizana, causando un perjuicio fiscal de más de 180 millones de pesos.
Con las tarjetas y cuentas asociadas a las cuentas ficticias, los imputados retiraban dinero de cajeros automáticos de Alto Hospicio e Iquique, logrando realizar 435 giros por el máximo permitido. También fue posible determinar que en marzo de 2015, Lizana realizó una transferencia desde la cuenta municipal a una exfuncionaria del municipio un monto de más de un millón de pesos, a quien Lorena Segovia contactó e indicó que había sido un error, pidiéndole retirar todo el dinero, recibiéndolo por mano.
A sabiendas del origen ilícito de los dineros recibidos por el delito de malversación, y con el objeto de aprovecharlos, los imputados realizaron acciones de lavado de activos. En el caso de Rivera Tudela, diversos testimonios permitieron establecer que prestaba dinero sin respaldo y traspaso de bienes inmuebles, adquiriendo una casa, departamentos y un vehículo inscrito a nombre de su esposa.
