El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, rindió este martes cuenta pública de la gestión institucional 2022, instancia en la que reveló que, durante dicho periodo, 66.112 personas imputadas fueron declaradas inocentes o no condenadas.
Se trata de un 24,7% del total de causas ingresadas durante el año pasado (267.473), siendo la causa más frecuente, la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, que corresponde a un 63,8%, esto es, en 42.182 causas.
En la misma línea, en 11.947 causas, las personas imputadas fueron absueltas en juicios orales, lo que equivale al 18,1% del total, mientras que, en 11.338 casos, se decretó el sobreseimiento definitivo (17,1%).
Asimismo, Mora Jano detalló que del universo de personas que mantuvieron su estado de inocencia en 2022, 1.782 estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra.
“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que –eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción ser absueltas de todo cargo”, dijo la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública, mencionando que, de acuerdo a las cifras de la institución, 5.594 personas imputadas que estuvieron privadas de libertad durante la investigación penal, terminaron siendo sentenciadas a penas sin cárcel.
Prisión Preventiva
Durante el balance institucional, el Defensor Nacional también informó que durante el año 2022 se decretó la máxima medida cautelar en el 7,7% de las causas ingresadas, con un total de 20 mil 723 casos, lo que demuestra un aumento en relación a años anteriores.
En efecto, en los años 2020 y 2021, las causas en que se aplicó la privación de libertad alcanzaron el 5,1 y 4,9 por ciento respectivamente. En la misma línea, Mora Jano agregó que, en este periodo, más de 5 mil personas (5.594) imputadas que, durante la investigación estuvieron en prisión preventiva, terminaron siendo sentenciadas a penas sin cárcel.
“En consecuencia, el uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar –debidamente- el fenómeno de la criminalidad, evidenciando -con ello- la tragedia humana que se vive al interior de las cárceles chilenas”, dijo al respecto.
Y agregó: “El desafío es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática”.
Proyecto Inocentes: 10 años
En su discurso, el Defensor Nacional también destacó una de las iniciativas más ambiciosas de la Defensoría, que este 2023 cumple 10 años desde su creación. Se trata de “Proyecto Inocentes” que busca visibilizar y representar –públicamente- los errores sufridos por personas que enfrentan un proceso penal, y que -producto de ello- resultan privadas de libertad. “A través de esta iniciativa, buscamos reparar -en lo posible- el daño que sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y brindándoles apoyo legal gracias a la alianza público-privada que tenemos con fundaciones como Pro Bono y Proyecto B”, detalló Carlos Mora Jano, mencionando el caso de Nardy Ribera, una joven boliviana que fue detenida en la frontera luego que un test rápido de drogas indicara que llevaba cocaína en tres frascos de productos cosméticos, y que, tras pasar seis meses en la cárcel, un informe del Instituto de Salud Pública estableció que lo que portaba no era cocaína, sino un producto para el pelo llamado queratina.
Migrantes o extranjeros
En cuanto a cifras, el Defensor Nacional detalló que el caso de las personas extranjeras, el total de atenciones aumentó respecto al periodo anterior, pasando de 17 mil atenciones durante el año 2021 –(5,6 por ciento del total de ingresos)-; a 21 mil causas en 2022. (7,9 por ciento del total de ingresos), mencionando que los principales delitos por los que fueron imputados están las ‘lesiones’ (20,2 por ciento), los ‘delitos de la Ley de Tránsito’ (18 por ciento) y los ‘delitos de la Ley de Drogas’ (12,6 por ciento).
Por último, el Jefe de la Defensoría Penal Pública apuntó a continuar con la búsqueda de la autonomía institucional, argumentando que se trata de un anhelo histórico de la institución “que nos otorgaría el necesario estatus de independencia que ya tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
“La autonomía constituye un avance -indispensable- para mejorar la posición relativa de la institución en el sistema. Es fundamental avanzar en esta materia para que el sistema de justicia criminal sea consistente con el desarrollo de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, y garantice el respeto al debido proceso en materia de persecución criminal, dotando a los intervinientes del sistema, de una autonomía funcional que dé garantías, ahora y siempre, para la efectiva protección del funcionamiento del sistema de justicia”, puntualizó
