– La académica e investigadora de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá, Mónica Navarrete, analiza las distintas aristas del llamado “sexto retiro” que se tramita en el Congreso: “nuevo retiro de fondos de pensiones de libre disposición significa mayor liquidez en el sistema lo cual tiene su efecto inmediato en el precio de los alimentos”.
Mucho se ha discutido y analizado con respecto a las posibles consecuencias de un nuevo retiro de fondos desde las AFP. Según la académica e investigadora de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá, Mónica Navarrete, “el efecto depende de que si los retiros, pasan por el mercado del dinero o no, discusión que se tuvo en la propuesta fallida del retiro acotado que presentó el gobierno la vez pasada”. Y añadió que “es muy pertinente y necesaria una discusión técnica sobre si un posible retiro podría ser acotado a ciertas condiciones o sería de libre disposición (como los anteriores), sobre el monto del que se esté discutiendo, ya sea de monto fijo o un porcentaje de los retiros como han sido los anteriores retiros”.
La Doctora en Economía planteó que desde la teoría económica existen varias razones para argumentar que no es buen momento para una nueva inyección de dinero líquido y de libre disposición a la economía como lo sería un cuarto movimiento desde los fondos de pensiones que siga el modelo anterior. “Desde la predicción económica, no se observa tampoco un retorno en el corto y mediano plazos a las tasas de inflación del 3 al 4% que teníamos hasta el 2019, por tanto, la decisión de aprobación de un nuevo retiro si es que ocurre, será nuevamente de tipo política y con efectos macroeconómicos difíciles de revertir. Y es que un nuevo retiro de fondos de pensiones de libre disposición significa mayor liquidez en el sistema lo cual tiene su efecto inmediato en el precio de los bienes y servicios y en particular de los alimentos”, afirmó.
Navarrete acotó que la teoría económica indica que la estructura de precios de una economía abierta depende (mayoritariamente) del comportamiento y las expectativas de variables macroeconómicas como la producción, el empleo, la política fiscal, el tipo de cambio, los ciclos económicos y el grado de influencia de los precios externos de las materias primas, entre otros. Mientras que la estabilidad de precios depende de las señales que envía el Banco Central a través de la política monetaria, la cual incide, por supuesto, sobre el mercado de bienes, el mercado laboral y mercado de activos a través de la tasa de interés.
Sin embargo, sostuvo que “a nivel microeconómico; los hogares tienen expectativas de inflación que se leen en función del precio de los bienes de consumo y, hoy claramente la lectura es un costo de vida más alto, con una reducción de los salarios reales, un desempleo que no cede del 8% con connotaciones de género considerables”.
Entre las razones económicas de este escenario, añadió, “hemos visto un alza mundial en el precio de los alimentos a un ritmo más rápido que otros precios debido a las restricciones de la cadena de suministro impuestas durante la pandemia, así como a la dependencia de las materias primas importadas, este último factor es determinante para una economía pequeña y abierta como la chilena. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó la cadena de suministros en diversos sectores, entre ellos el agrícola. En este sentido, la comercialización del trigo a nivel mundial sufrió alteraciones que ocasionaron incremento del precio de este insumo; situación que se tornó adversa para Chile toda vez que las importaciones chilenas de este producto son del orden de 44%. Destaca también como factor que presiona al alza los precios que Argentina, Canadá y Estados Unidos junto a Alemania y Ucrania participan con 14% de la oferta mundial de trigo”.
Por otro lado, explicó la académica de la UTA, “la economía chilena ha pasado de un comportamiento estable de la inflación general (y la inflación de alimentos) con valores dentro del 4% definido como rango objetivo del Banco Central desde el 2014 a 2019. En este periodo, no existían motivaciones para que los hogares se preocuparan por el efecto de la inflación sobre sus canastas familiares”.
Sin embargo, añadió, este escenario cambió abruptamente en octubre del 2019, cuando la inflación acumulada se ubicó en 7.5% promedio. “En los meses siguientes, el retiro del 25% del total de los fondos de pensiones equivalente al 18% del PIB de Chile en el 2021; ingresó al mercado como dinero líquido reactivando la economía de los hogares durante la pandemia. En este escenario, se reportaron aumentos del ingreso disponible bruto cuyo gasto mensual aproximado representó un 1% del Producto Interno Bruto del 2022. Seguidamente a los retiros previsionales, el consumo de bienes duraderos y no duraderos mostró una recuperación más que proporcional de 17.2% y 22.6%, respectivamente”, explicó la economista.
La inyección de dinero en el mercado se manifestó a través de la compra de vehículos, mejoramiento de viviendas y pago de deudas en las diferentes regiones del país. El comercio minorista encabezado por los supermercados registró crecimientos considerables en la segunda mitad del año 2021, lo que implicó entonces una presión al alza en los precios de venta.
Efecto directo en alimentos
En el modelo econométrico de estimación de la inflación en Chile realizado por Navarrete junto al profesor Oscar Rodríguez, de la Universidad Nacional de México, determinaron que “un incremento de 1 punto porcentual de la inflación general del periodo anterior ocasiona una variación mayor a 1 en la inflación de los alimentos al mes siguiente”, es decir; si en julio del 2022 la inflación general paso de 13.1 a 14.1 en agosto, la inflación de alimentos paso de 19.4 a 21.7 en esos meses. Lo anterior prescribe alta sensibilidad de los precios alimenticios al comportamiento pasado y expectativas de los precios de la economía. Por tanto, de no existir un control de precios en la canasta básica de alimentos, o como sugiere el profesor Rodríguez; un esquema de consumo que oriente a las familias a adquirir de manera ordenada los bienes y servicios para no generar desabasto (escasez) que presione al alza los precios, un sexto retiro lamentablemente afectará a los hogares más vulnerables de nuestro país”.
La lenta reducción de la inflación general a marzo del 2023 del 11,1% (superior en 7% a la meta base) es evidencia de que la economía aun no logra reducir el impacto del exceso de gasto que se acumuló en los años previos, planteó la académica
“La situación para este segundo trimestre del 2023 es compleja, pues es natural que los hogares soliciten y pidan apoyo para sortear un escenario de aumento de deudas impagas (un 2,1% más si se compara con diciembre de 2021) en el sector del retail (45%) seguido de deudas impagas con la banca un 1% más respecto del trimestre anterior (26%), detalló.
¿Como podría no pasar por el mercado un nuevo retiro de fondos?
Según la economista “cuando lo pasas de una cuenta a otra y sigue en el sistema financiero a través del pago de deudas, por ejemplo. Es un movimiento que descapitaliza y afecta negativamente a la inversión de mediano y largo plazo, pero colabora en la descompresión del estrés por el agobio de deudas y sus respectivos intereses para aquellas familias que están en morosidad con el sistema”.
El número de deudores de créditos de consumo con bancos en el 2022 prácticamente se incrementó un 36% respecto del 2021 para montos de hasta 20 UF ($800.000 aproximadamente), mientras que para montos de hasta 50 UF ($1.800.000 aproximadamente) el aumento fue del 15% respecto de diciembre del 2021. La tasa promedio de morosidad con bancos a más de 90 días aumentó dos veces respecto del 2021.
