El Consejo de Defensa del Estado presentó hoy martes una querella criminal contra particulares y funcionarios públicos de la I. Municipalidad de Puente Alto y del Ministerio de Energía, por los delitos de soborno y cohecho pasivo agravado, ambos previstos y sancionados en los artículos 250, incisos 1 y 4 y 248 bis, inciso 1 del Código Penal, así como también contra las personas jurídicas ITELECOM Holding Chile SpA, Soluciones de Eficiencia Energética GO+SpA e Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática Spa, como responsables del delito de soborno de acuerdo a la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos previamente individualizados, sin perjuicio de otros delitos que se puedan acreditar en el curso de la investigación, en que se indagan graves ilícitos que afectan al municipio.
La querella del Consejo busca determinar la calidad de autores del delito de soborno de los particulares; León Lefort, Ricardo Rodríguez, Pedro Guerra, Leonardo Bustos y Álvaro Lavín, y del delito de cohecho pasivo agravado de los funcionarios Christian Gore Escalante y Paul Jurguens Pacheco, quienes en su calidad de empleados públicos habrían recibido beneficios económicos de parte de los representantes de la empresa Itelecom, directamente o a través de intermediarios, con el objetivo de que, faltando a los deberes de su cargo u omitiendo actos propios de su cargo, incidieran para que la empresa señalada se adjudicara la licitación “Servicio integral de mantenimiento iluminación espacios públicos, con niveles y ahorros garantizados, en la zona de concesión de distribución de energía EEPA de la comuna de Puente Alto”.
La acción del Consejo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se refiere a hechos ocurridos durante los años 2018 y 2019 ocasión en que el representante, socio y gerente general de la empresa señalada, se habría concertado con los funcionarios públicos mencionados, para incurrir en las conductas descritas, ofreciéndoles un beneficio económico para obtener dicha licitación pública.
Según consta en los antecedentes de la querella presentada por el CDE, la empresa, previo concierto con Ricardo Rodríguez y Pedro Guerra, ofreció a través de su intermediario, “conforme los parámetros de sobornos ya establecidos, una cierta cantidad de dinero a Christian Gore Escalante, en su calidad de empleado público, ya que a la época detentaba el cargo de Administrador Municipal y quien, además, fue parte de la Comisión Evaluadora, para que realizara conductas ilícitas con infracción de los deberes de su cargo. Todo lo anterior, con la finalidad de favorecer a las personas jurídicas señaladas en el marco del proceso de licitación llevado adelante por la Municipalidad de Puente Alto para el recambio del alumbrado público a tecnología LED”.
Se agrega que “Leonardo Bustos, gerente de administración y finanzas, no solo tenía conocimiento de los pagos que se realizaban a los intermediarios para los fines señalados precedentemente, sino que era quien disponía del dinero en efectivo, el que se obtenían mediante retiro de utilidades de los socios o con facturas ideológicamente falsas.
Tras los hechos descritos, en la sesión del Concejo Municipal de marzo de 2019 se adjudica la mencionada licitación a Unión Temporal de Proveedores, constituida por las empresas; Soluciones de Eficiencia Energética Go+ Spa, Itelecom Holding Chile S.P.A. e Inversiones y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática S.P.A., para la prestación del servicio señalado por un plazo de 10 años.
