En el comentario a la propuesta de la Comisión Experta, elaborado por profesores de Derecho UC, se advierte que este órgano no abordó temáticas como la falta de transparencia y ausencia de información sobre calificación de jueces que existe hoy, por lo que se plantea incluir esta evaluación de desempeño de los magistrados en la Constitución.
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A través de correo electrónico, el Foro Constitucional UC envió en los últimos días cinco documentos de trabajo a la Comisión Experta del proceso constituyente, insumos con los que se busca contribuir al debate y aportar con propuestas concretas que permitan perfeccionar lo que se ha avanzado hasta este momento.
El trabajo lo realizaron 20 expertos, que son profesores de la Facultad de Derecho UC, liderados por la académica Alejandra Ovalle. Y abarca cinco áreas: creencias; educación y libertad de enseñanza; debido proceso; medioambiente; y gobierno judicial.
Sobre esta última área, el documento -de 12 páginas- propone incluir en la Constitución la evaluación del desempeño de los jueces, además de plantear perfeccionamientos al modelo descentralizado de gobierno judicial que propone la Comisión Experta, en reemplazo de lo que ocurre actualmente, en que la Corte Suprema está encargada de estas tareas no jurisdiccionales (nombramiento de jueces, función disciplinaria, formación de jueces, y gestión y administración del Poder Judicial).
En el documento se cuestiona la falta de transparencia y ausencia de información sobre la calificación de los jueces, advirtiendo que ese punto no fue abordado por la Comisión Experta. “Faltó incorporar una referencia a las labores de evaluación de desempeño de los jueces (…). Uno de los principales puntos ciegos respecto de la falta de transparencia en el gobierno judicial es la ausencia de información apropiada en los procesos de calificación (…). Creemos que se podría incorporar un nuevo artículo, cuyo título sería ‘Evaluación de desempeño de los jueces’”, se señala.
La propuesta agrega que el sistema de nombramiento de jueces debiese tener, entre otros, los siguientes objetivos:
- “Promover los principios de legitimidad, idoneidad técnica e independencia externa e interna”.
- “Concebir las reglas institucionales en términos tales que garanticen la selección de jueces altamente calificados y den confianza, sobre la base de un entorno en el que puedan trabajar sin estar sometidos indebidamente a influencias externas”.
- “Organizar los procesos de provisión de cargos en torno a previo concurso, bajo estándares técnicos, resguardando la transparencia y abiertos a todos aquellos que cumplan con el perfil definido para cada caso”.
- “Contar con un órgano autónomo que lidere el proceso, ya sea un consejo, comisión de selección judicial, comisión de nombramientos u otro”.
Asimismo, se plantea consagrar constitucionalmente tres aspectos relevantes: la autonomía financiera del Poder Judicial, el principio de autonomía jurisdiccional en el contexto del ejercicio de la función disciplinaria, y el principio de “justicia abierta” para dar acceso público a las actuaciones judiciales. Esto, para avanzar en mayor transparencia. “Con el objeto de promover una adecuada transparencia en la administración de justicia, el Poder Judicial dispondrá de los medios para el acceso público a las actuaciones judiciales. La ley de quórum sobre la organización y atribuciones de los tribunales establecerá las excepciones a dicha publicidad basada en la Seguridad Nacional, en el mejor interés de la persecución criminal o en un eventual daño irreparable a la vida privada”, se plantea en concreto.
El texto -elaborado por José Francisco García, Nicolás Frías y Cristián Villalonga- analiza el modelo descentralizado aprobado en general por la Comisión Experta el 4 de abril, que, a juicio de los autores, “promueve la independencia judicial, disminuyendo los riesgos de captura del gobierno judicial y dotando de capacidad institucional idónea”.
No obstante, se propone definir el perfil e integración de los cuatro órganos autónomos encargados de los nombramientos, función disciplinaria, formación de los jueces y gestión y administración del Poder Judicial.
Asimismo, el documento sugiere enfatizar la naturaleza coordinadora y consultiva de la Comisión Coordinadora de Justicia que se propone en las normas aprobadas.
“Hemos dado continuidad al intenso trabajo que la Facultad de Derecho y la UC han venido desarrollando desde los inicios del proceso constituyente, aportando desde la academia, y con una aproximación constructiva, a uno de los procesos más relevantes que ha enfrentado nuestro país en los últimos tiempos”, explicó la profesora Alejandra Ovalle, directora del Foro Constitucional UC.
