El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, lideró este jueves el lanzamiento del proyecto “Estrategias innovadoras para la seguridad pública”, desarrollado por la Universidad SEK y el Gobierno Regional, instancia en la que destacó que ante la evolución de la criminalidad, la unión entre Estado y sociedad civil es la fórmula para enfrentar los nuevos fenómenos criminales.
“Si bien Chile posee una de las tasas más baja de homicidios de la región, su alza consistente y la menor tasa de esclarecimiento, además del mayor uso de armas de fuego y la presencia de grupos o pandillas, dan cuenta de la rápida evolución de la criminalidad en los últimos siete años”, dijo.
En consecuencia, indicó que “todos los agentes del Estado, la comunidad y la sociedad civil, deben mantenerse unidos para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Los problemas de seguridad pública deben entenderse como desafíos integrales, donde se requieren además las mejores herramientas legales y tecnológicas que contribuyan a una persecución penal más efectiva”.
Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes los máximos jefes policiales de la zona, autoridades regionales, comunales y parlamentarios, el Fiscal Nacional destacó la reciente aprobación del proyecto de ley que actualiza la norma chilena sobre el crimen organizado y aquella que moderniza la legislación de drogas, respecto a la identificación de bienes obtenidos ilícitamente. Dijo, de todas formas, que un desafío pendiente es el reforzamiento de la dotación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
“Todos los esfuerzos que realice el Estado para fortalecer, dentro del Estado de Derecho, los medios con que cuentan las policías y los fiscales para la persecución del crimen organizado, son pertinentes, sobre todo en las regiones del norte, donde los flujos migratorios y la importación de nuevas formas organizativas o delitos ha implicado un tremendo desgaste del personal”, explicó.
Para cerrar su exposición reafirmó el compromiso del Ministerio Público con proyectos institucionales como la creación de fiscalías supraterritoriales, la elaboración de una política de persecución penal ciudadana y expandir el uso de la inteligencia artificial para detectar redes criminales en homicidios, drogas, incendios y robos.
El proyecto lanzado trata de un proceso consultivo para levantar información de la realidad social en las nueve comunas de la Región de Antofagasta, a fin de orientar las acciones de las autoridades en materia de seguridad pública.
