El Presidente Gabriel Boric, junto a los ministros de Salud, Ximena Aguilera; Desarrollo Social, Giorgio Jackson; y, Educación, Marco Antonio Ávila, promulgó la Ley TEA, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista.
Al respecto, la ministra Aguilera afirmó que con este acto «estamos avanzando efectivamente en acoger bajo el principio de neurodiversidad a las personas con trastorno de espectro autista y sus familias».
En esta línea, la secretaria de Estado explicó que el proyecto convoca a varias carteras y, en particular, compromete al Ministerio de Salud a «implementar una sala para la atención especializada del Trastorno de Espectro Autista en cada uno de los Servicios de Salud”. El plazo en que deberán ponerse en marcha es antes de los 24 meses de implementada la ley.
«Tenemos también la obligación de hacer una medición para saber cuál es la verdadera frecuencia de este trastorno a través de la incorporación del TEA en la Encuesta Nacional de Salud Infantil», detalló la ministra Aguilera.
La máxima autoridad valoró que el cuerpo legal incorpore el «principio de neurodiversidad en que reconocemos que todos somos distintos, en esa diferencia todos tenemos una dignidad y esa dignidad es reconocida por el Estado».
Respecto al diagnóstico precoz del TEA, la titular de Salud explicó que la iniciativa define plazos concretos «desde su promulgación nosotros tenemos tres meses para que los instrumentos de diagnóstico precoz se implementen en el control de niño sano en ciertas edades y en otras edades son seis meses».
La titular de Salud sostuvo que si se lee el texto legal «uno ve cosas concretas con plazos definidos y por lo tanto eso es muy bueno porque la gente entiende que no es un anuncio o una promesa en el vacío sino que efectivamente estamos como ministerio asumiendo compromisos muy fuertes».
«En ese sentido es muy bueno también la participación de las organizaciones sociales en la discusión de las leyes, eso es también un avance desde el punto de la democracia en el sentido de cómo se reconoce la participación social y eso también ayuda a que los textos legales sean más fácilmente entendibles y concretos», agregó la autoridad.
