El tribunal de alzada confirmó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que acogió la solicitud de la Defensoría Metropolitana Norte por estimar que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total a una mujer de nacionalidad colombiana imputada por robos con intimidación. La imputada es representada por la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN).
La acusada se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San de San Miguel desde Junio de 2022. La defensa solicitó el cambio de esa medida cautelar debido a que W.M.C.M. tiene un embarazo de alto riesgo y de 30 semanas de gestación.
En su resolución, dictada a principios de este mes, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó que a pesar de los delitos imputados a la mujer, se debía considerar su condición de gestante. Por ello, decidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y con prohibición de salir del país.
Esta decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual reconoció que existen condiciones inadecuadas en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel para la atención de embarazadas, tal como fuera reconocido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en amparo presentado por ambas defensorías regionales, de principios de Febrero de este año.
Es importante destacar que en el mismo penal de San Miguel ocurrió el nacimiento de un bebé en un pasillo en diciembre de 2022.
ANTECEDENTES “GRAVES”
“Recibimos con satisfacción el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma lo resuelto por el 7º Juzgado de Garantía”, señaló la abogada de la DRMN Andrea Quinteros.
“Lo interesante del fallo es constituye la primera vez que la Ilustrísima Corte de Apelaciones acoge estos argumentos en cuanto a que el C.P.F. de San Miguel no cuenta con las medidas necesarias para poder asegurar dignidad y protección de los derechos tanto de las mujeres embarazadas como de los niños que están por nacer”, añadió.
La profesional enfatizó que la resolución del tribunal de alzada considera dicha situación “como un argumento de tal envergadura y tal gravedad que surgen efectos para lo dispuesto en el Artículo 144 del Código Procesal Penal. De esta manera, es un antecedente grave para los efectos de poder revocar la medida cautelar de prisión preventiva”.
Agregó que la Unidad de Defensa de Género de la Defensoría Metropolitana Norte ha trabajado insistentemente, en este y en otros casos, en la dirección de asegurar la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad.
