Chile es un país de terremotos y cada vez con mayor frecuencia, también de incendios. Con aciertos y desaciertos, a veces más rápido y en otras oportunidades más lento, logramos salir adelante, aunque soslayando una compleja realidad.
Toda la experiencia acumulada debido a las catástrofes que hemos experimentado, tendrían que habernos impulsado a contar con planes de prevención, evacuación y manejo de desastres con especial foco en las personas en situación de discapacidad, sin embargo, estamos lejos de ello.
En este sentido, la primera dificultad que encontramos está en nuestra institucionalidad. La propia política nacional en gestión de desastres, que se aplica como marco guía a las distintas instituciones del Estado, no establece de forma directa lineamientos dirigidos a personas en situación de discapacidad. Y en relación al órgano que actualmente reemplaza a la anterior Oficina Nacional de Emergencia, es evidente que no cuenta con recursos y prerrogativas específicas para abordar las emergencias desde un enfoque especializado en discapacidad.
Por otro lado, la inclusión de la variable discapacidad en la gestión de riesgo de desastre se ve de forma aislada según cada municipio. No hay una obligación legal o lineamiento uniforme en la materia que oriente el quehacer de estos organismos locales, constituidos, muchas veces de forma natural y espontánea, como la primera línea en el abordaje.
Respecto de la formación de personal de rescate en la materia, no hay una obligación legal para formarse sobre discapacidad y por cierto, son aisladas y escasas las instancias que permitan a rescatistas conocer, por ejemplo, formas de comunicación accesible.
El Estado de Chile ha reconocido, en el marco de los reportes que hace al comité de Naciones Unidas relativo a la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que faltan mecanismos de participación que involucren a las organizaciones e instituciones de personas en situación de discapacidad en el diseño y manejo en gestión de riesgos.
Será entonces que es posible improvisar a la hora de rescatar a una persona en situación de discapacidad o bien, que aunque se diga lo contrario, estas son personas de segunda categoría. Creemos que no, pero el escaso abordaje de esta problemática, hace pensar lo contrario.
Ahora bien, no sólo durante la catástrofe es necesario considerar procedimientos con foco en el abordaje hacia personas en situación de discapacidad, también, se debe considerar la existencia de planes de prevención y de zonas seguras o de evacuación, que cumplan con estándares de accesibilidad, esto es, que permitan el acceso autónomo y seguro de dichas personas.
Chile está en deuda y por debajo de los estándares establecidos por la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta materia, como también, por debajo de los compromisos y regulaciones establecidas en la misma normativa nacional vigente.
