El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, destacó hoy la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción que declaró culpable a la médica cirujana Paulina Carrasco Godoy de 161 delitos consumados y reiterados de fraude de subvenciones, otros seis delitos frustrados relativos a la misma figura penal, además del delito consumado de lavado de activos.
En decisión unánime, el tribunal dio por acreditado la ocurrencia de los delitos y la participación culpable de la condenada en hechos perpetrados entre diciembre de 2019 y junio de 2020, mediante los cuales defraudó al Fisco por cerca de seis mil millones de pesos a través de la emisión fraudulenta de bonos de atención del Fondo Nacional de Salud, Fonasa.
“Estamos en presencia de una condena ejemplar donde el Consejo de Defensa del Estado, junto al Ministerio Público, ejerció todas sus atribuciones con el propósito de conseguir una de las penas más gravosas. En este sentido, el CDE se encuentra satisfecho y conforme con esta condena que va a permitir, además, persuadir a cualquier médico en el país para que no cometa conductas de este tipo que tanto afectan la confianza de la ciudadanía y la fe pública”, sostuvo el Presidente Juan Peribonio.
Agregó que, de acuerdo con su mandato legal, “el Consejo de Defensa del Estado tiene el deber de combatir todo tipo de acto de corrupción que defraude el patrimonio público, aún más si, en este caso, se distrajeron cuantiosos recursos fiscales destinados a satisfacer necesidades esenciales de las personas, como es la protección de la salud”.
Peribonio subrayó que el tribunal haya asignado a la condenada gravosas penas para los delitos cometidos, atendido el monto del perjuicio irrogado. Esto es, de siete años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 21 UTM por los delitos reiterados, consumados y frustrados de fraude de subvenciones estatales y por las 15 faltas penales y de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 200 UTM por el delito de lavado de activos, más accesorias legales.
Las actuaciones del CDE en esta causa “dan cuenta del trabajo y compromiso de este Servicio por defender los intereses del Estado y de la ciudadanía ante casos de evidente fraude fiscal, labor que se complementa con la presentación de las acciones civiles pertinentes para recuperar recursos públicos destinados a instituciones que benefician a las personas más vulnerables del país y que se ven gravemente afectadas por este tipo de delitos”, concluyó.
A través de su Procuraduría Fiscal de Concepción, el CDE ejerció todas las atribuciones que la ley le otorga para obtener la sanción penal de los delitos cometidos contra Fonasa y, simultáneamente, desplegó las acciones civiles para recuperar de manera efectiva los recursos defraudados al sistema de salud, cuyo patrimonio, propósito y misión le corresponde defender ante los tribunales.
Efectivamente, la sentencia dio a lugar a la demanda civil de daños y perjuicios deducida por el organismo, condenando a la demandada al pago de $1.286.791.175 millones de pesos. Ya durante 2022, tras acoger lo solicitado por el Consejo, el tribunal ordenó devolver a Fonasa la suma de $3.494.356.809 y, posteriormente, declaró el derecho que asiste a ese Servicio respecto de otros $738.678.372 que, por concepto de retención y pago de impuestos se encontrarían enterados en arcas de la Tesorería General de la República.
