Reflexiones sobre cómo articular una discusión constituyente verdaderamente nueva y aún democrática
María Pardo Vergara
Abogada y académica constitucionalista
Militante de Convergencia Social
El nuevo proceso constituyente está a la vuelta de la esquina: la Comisión Experta que redactará el anteproyecto se instala en marzo, y el trabajo del Consejo Constitucional cuyos integrantes elegiremos el 7 de mayo, comienza en junio.
Sea que el diseño de este nuevo proceso nos parezca adecuado o no, la elaboración de la nueva Constitución es inminente, lo que hace apremiante la preparación de la discusión. El Acuerdo por Chile aprobado por el Congreso fijó un conjunto “de bases institucionales y fundamentales” que debe contener la nueva propuesta, de manera tal que la hoja de ruta ha sido en parte establecida de antemano por el Poder Constituido radicado en el Congreso. Sin embargo, dichas bases se establecen más como temas a desarrollar, que como núcleos delimitados de contenido.
¿Cómo se prepara entonces la discusión? Y en particular: ¿Qué rol les cabe a los partidos? Mucho se ha criticado el lugar cedido a los y las independientes en el proceso anterior, a quienes se suelen identificar como responsables por el “desorden” de la discusión. Este argumento da a entender que en los partidos existe una ventaja comparativa; que de ser primordialmente sus representantes quienes dirijan el debate esta vez, tendremos una discusión ordenada.
Desde luego que los partidos, en términos orgánicos, presentan características que los hacen aparecer como estructuras ordenadas, y por cierto que han funcionado de manera ordenada a la hora de suscribir el Acuerdo por Chile, de tramitar las reglas que regirán el proceso en el Congreso, y de designar a quienes integrarán la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. Sin embargo, el cumplimiento de la mayor demanda de ordenación está por verse, en la discusión que tendrá lugar en el Consejo Constitucional.
Sin perjuicio del lugar cedido a los expertos y expertas en este nuevo proceso, su diseño da un lugar fundamental a los y las representantes democráticamente electas que integrarán el Consejo Constitucional. Y si aún creemos en la democracia, más allá de la regulación en el papel, la dinámica de poder entre los órganos constituyentes debiese tender a la deferencia de los y las expertas hacia el Consejo: el único órgano elegido por el pueblo.
Por lo mismo, aunque es evidente que desde la inscripción de las candidaturas este 6 de febrero, los partidos dedicarán gran parte de sus esfuerzos a posicionar y hacer campaña por sus candidatas y candidatos, la preparación de la discusión resulta fundamental si no queremos volver a decepcionar a la ciudadanía. Más aún, a mi entender, lo que está en juego no es solo la legitimidad de los partidos, sino de la democracia misma.
Hace ya muchas décadas que venimos presenciando un proceso de recorte y extracción del poder que solía recaer en los representantes democráticamente electos (Presidente; Congreso) para entregárselo a órganos cuya legitimación no es democrática, sino más bien tecnocrática (a modo de ejemplo: Tribunal Constitucional; Banco Central). Quienes aún creemos en la democracia observamos este proceso con recelo, porque entendemos que mientras más poder entregamos a las y los tecnócratas, menor es el poder de decisión que conserva la ciudadanía.
Así las cosas, la discusión al interior del Consejo Constitucional se presenta como un peligro y una oportunidad. Un peligro, porque si la discusión constituyente que den los representantes del pueblo nuevamente se observa por la ciudadanía como “poco seria”, esto legitimará una mayor intervención de los expertos y expertas no solo en el contexto de la discusión constituyente, sino en el diseño y funcionamiento de las instituciones de aquí en más.
Una oportunidad, porque si la discusión constituyente hace eco de los valores y necesidades de las personas; si se da de manera ordenada, y es apreciada en estos términos por la ciudadanía, entonces se abre un espacio para la relegitimación de los partidos y de la democracia.
Por lo mismo, la preparación de la discusión al interior de cada partido, y en el contexto de los pactos que se generen entre ellos resulta de radical importancia. En particular, desde la izquierda, resulta fundamental comprender lo apremiante de esta discusión, y su valor estratégico: no podemos llegar con las manos vacías.
Es evidente que en el proyecto de nueva Constitución rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre de 2022 hay muchas propuestas que incluso si quisiéramos, no deberíamos instalar en esta nueva discusión, porque el pueblo nos dijo que no. Sin embargo, hay otras que es necesario empujar. El nuevo texto se rechazó en bloque. Eso quiere decir que, en la raya para la suma, las personas votaron en contra porque eran más las cosas con las que estaban en desacuerdo que aquellas con las que estaban de acuerdo. Con todo, hoy habría que preguntarse ¿cuáles eran aquellas en las que sí había un juicio positivo? Esa es una pregunta fundamental para esta nueva discusión.
A mi modo de ver, en esta nueva instancia, tenemos que llegar con una propuesta en mano, y con mucha claridad respecto de en qué estamos dispuestas/os a ceder y en qué no. Y más allá de ello, es preciso prepararse para leer tanto el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta como las iniciativas de la derecha en el Consejo en los términos que corresponde leer cualquier propuesta en el ámbito constitucional: en términos de poder. Resulta casi una obviedad, pero a veces parece que se nos olvida: las Constituciones se tratan del poder, y por lo tanto, todo lo que en ellas se diga -se quiera decir, en este caso- debe leerse en esos términos. Y en particular, para nosotras/os desde la izquierda, el resultado buscado, y, por consiguiente, todo nuestro quehacer constituyente, debe orientarse a incrementar el poder del pueblo, y en especial, de aquellas/os de sus integrantes que viven en condiciones de mayor opresión; y limitar el poder de aquellas entidades que hoy gozan de posiciones que les han permitido ejercer su poder de manera abusiva en contra de la mayoría.
