Declaración
Ha pasado más de un mes desde el dictamen de la Corte Suprema, que instruyó a la Superintendencia de Salud definir la metodología de ajuste de los planes de Isapre a la tabla de factores vigente. Y, a pesar de que organismos y expertos han planteado la criticidad de esta materia, la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave: la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgos y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud.
La decisión que adopte la Superintendencia de Salud determinará si continúan o no las Isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados. Si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las Isapres, no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también se causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud.
Si el gobierno opta por un cierre forzoso de las Isapres, casi 350 mil pacientes Ges quedarán desprotegidos y forzados a migrar intempestivamente al Fonasa, agravando el problema de oportunidad que tiene a casi 2,3 millones de personas en lista de espera.
Algunos efectos de esta situación límite ya se han hecho evidentes y están afectando a los pacientes. Por eso es imperioso que la Superintendencia de Salud informe sus definiciones a las Isapres y entregue lineamientos, al menos generales, con la mayor celeridad, para dar claridad a las personas y al sistema.
El esperado proyecto de reforma al sector ha sido proyectado hacia fin de este año o comienzos de 2024. Mientras, se requiere un sistema de salud que funcione y dé tranquilidad y respuesta a quienes más lo necesitan, permitiendo el necesario espacio de discusión para transitar apropiadamente al nuevo ordenamiento, con las garantías de oportunidad, acceso y libertad de elección que exigen las personas.
Los plazos apremian y no se evidencia que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud. Cabe hacer presente que las precauciones en materia de salud y el mandato de proteger la vida de las personas, son obligaciones de la autoridad que no deben desconocerse.
