El libelo que consta de dos capítulos, el primero sobre su responsabilidad constitucional en el otorgamiento de los indultos, y en el segundo, respecto de la falta de control jerárquico en el otorgamiento de los beneficios penitenciarios a presos mapuches.
Justo a las 16.30 horas terminó la espera. Los jefes de bancada de los partidos que componen Chile Vamos fueron entrando uno a uno a la oficina de partes de la Cámara de Diputados y Diputadas. Andrés Longton por RN; Jorge Alessandri por la UDI; y Francisco Undurraga por Evópoli, ingresaron la Acusación Constitucional contra la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos.
El diputado Andrés Longton destacó la coordinación clara que existe entre los partidos de Chile Vamos, para luego explicar el por qué de la Acusación Constitucional: «Está la evidencia suficiente de que acá hay una ilegalidad y una inconstitucionalidad clara respecto al otorgamiento -primero- de los indultos y segundo, respecto a los beneficios penitenciarios otorgados en la macrozona sur».
Añadiendo que la gravedad en los indultos está en que “se otorgaron infringiendo la ley en siete indultos. Es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que han cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía producto, precisamente, de que no se consideraron los antecedentes como hoy reconoce abiertamente la ministra Vallejo. Por lo tanto, la negligencia, la peligrosidad de esa decisión, hoy deja absolutamente al descubierto a un país completo que debe pagar las consecuencias de esta decisión mal tomada por el Presidente y por la ministra de Justicia (Marcela Ríos), que tiene la obligación de asesorar legalmente en materia de indultos, y también tiene la obligación de emitir de manera legal y conforme a derecho, los decretos que fueron mal emitidos respecto a su fundamentación”.
Así mismo, dijo que “los capítulos (de la Acusación Constitucional) tienen la suficiente fuerza para acusar a la ministra, porque habrá renunciado, pero la renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al momento de emitir estos decretos, y dejó en la más absoluta indefensión a familias chilenas que hoy tienen que convivir con estos delincuentes”.
El jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri, se preguntó: “¿Por qué es tan importante seguir con esta Acusación Constitucional? Porque mientras ella dio un paso al costado, el país dio un paso hacia atrás. Lo importante de verificar con esta Acusación Constitucional, es todos los indultos que van a venir para adelante y también pedir al Ejecutivo que pueda retrotraer los indultos mal otorgados”.
Recordó que “hay carabineros que están presos por las mismas situaciones, en el mismo lugar, por arriesgar su vida y apresar a una persona que estaban destruyendo, quemando. Esos indultados tenían prontuarios. Esos indultados, en algunos casos tenían indulto anterior. Esos indultos debieron haber sido fundados y firmados por el Presidente de la República”. Precisando que “ninguna de esas cosas ocurrió, por lo tanto, ya no se trata de Marcela Ríos, se trata de cómo este gobierno va a seguir los tres años que le quedan”.
Dijo que “la ministra vocera (Camila Vallejo) nos dijo que estaban cumpliendo penas en sus casas. No ministra, estas personas están libres. Estas personas han anunciado en redes sociales que van a seguir su forma de lucha, delinquiendo. Por lo tanto, aquí esto es mucho más grande que la ministra Ríos, esto es del Estado, esto es de la República y ya no se trata de habitar, se trata de cómo ejercer el cargo”.
El diputado Francisco Undurraga, señaló en tanto:“Para nosotros es relevante el reconocimiento que hizo hoy la ministra Vallejo en término de que el Presidente de la República no tenía todos los antecedentes, situación que además debería dar para una investigación administrativa, porque francamente si estamos en manos de ministros que no le entregan toda la información al Presidente de la República ¿Cómo vamos a poder salir adelante en materia de violencia, en materia económica y en todas las urgencias?”.
Y afirmó que: “Hoy estamos presentando una Acusación Constitucional a la exministra de Justicia, constitucionalmente los exministros tienen hasta tres meses para poder ser acusados. Nosotros estamos ejerciendo nuestro deber fiscalizador, este es el motivo que nos reúne hoy a Chile Vamos, dado que encontramos coherentes las causales que estamos presentando y creemos y le hacemos un llamado al parlamento a que se estudie con seriedad esta acusación para que, efectivamente, no vuelva a ocurrir nunca más lo que está sucediendo con estas dos acciones: tanto la acción carcelaria como la de los imputados. Ambas son graves”.
Finalmente, el diputado y Secretario General de RN, Diego Schalper, precisó que “nuestra convicción es que acá Chile Vamos lo que hace es dejar de manifiesto de que en Chile no se puede obrar mal de manera impune. Y aquí el Gobierno está obrando mal, no está haciendo las cosas bien, y nuestro deber es que se asuman las responsabilidades políticas”.
Así mismo dijo que “llama la atención el Presidente de la República en esta pasada. Un Presidente que habla de desprolijidades, un Presidente que calificó hace poco que no eran delincuentes. Presidente, llegó el minuto de que usted se haga cargo de las cosas que dice. Usted no es un comentarista de la realidad. Hoy día estamos avanzando con la exministra Ríos, pero quiero ser muy claro, no hemos cerrado el capítulo respecto de otras cosas. Hoy día es la exministra Ríos, pero cada día tiene su afán”.
Sobre el libelo
Los dos capítulos del libelo: El primer capítulo acusatorio contra Ríos, da cuenta de la «responsabilidad constitucional de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Marcela Ríos Tobar, por infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, al otorgar indulto al Sr. Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado «estallido social'». A lo largo de dicho apartado se relata además a «cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte de S.E. el Presidente de la República, su Gabinete Ministerial y en general por la coalición oficialista. Este compromiso permite entender cómo es que se incurre en una actuación ilegal que redunda en la liberación de personas condenadas por la Justicia». Aludiendo a una visita del ahora Presidente Gabriel Boric al Penal Santiago 1 en 2021, la urgencia suma en marzo de 2022 a un proyecto sobre indultos y el retiro de 139 querellas. «Así lo dicho, resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes», agregan. El segundo capítulo, en tanto, da cuenta de la «falta de control jerárquico de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente».
