Una investigación liderada por la Unidad de Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros permitió detener una banda que operaba en la región estafando a empresas con la supuesta compra de vehículos y maquinarias, utilizando nombres y documentos bancarios falsos. Se estima que a lo menos habrían realizado defraudaciones por más de 60 millones de pesos.
“La investigación permitió determinar que existía una agrupación de personas que se dedicaba a estafar a comerciantes de la región para adquirir maquinaria industrial y algunos vehículos utilizando para ello cheques y documentación falsos y nombre que no eran los reales. Estas maquinarias, que en general son de alto valor económico ya que se utilizan regularmente en faenas mineras, las hacían desaparecer transándolas ilegalmente en el mercado local o en la frontera, ya sea por dinero o droga”, explicó la fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos Tarapacá, Paola Apablaza.
La persecutora agregó que este negocio generó un alto patrimonio para la organización, ya que al momento de detener a los cinco imputados se les incautó en efectivo 51 mil dólares y casi 100 millones de pesos, además de 47 kilos 389 gramos de cocaína, marihuana y una escopeta.
En la audiencia de formalización, el fiscal a cargo del foco investigativo Maximiliano Mariángel detalló cinco estafas en las cuales habrían participado los imputados ocurridas entre los años 2019 y 2020, y en las cuales compraron o arrendaron vehículos o maquinarias como generadores, grúas y compresores, entre otras, a empresas de distintos sectores de Iquique, utilizando cheques que eran robados y que luego aparecían protestados, ocupando además identidades falsas.
También en un caso dos de los imputados fueron sorprendidos hurtando una grúa horquilla.
Los imputados fueron formalizados por delitos de estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil, usurpación de identidad, hurto, tráfico de droga y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida.
Dada la gravedad de los hechos, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de los imputados, fijando un plazo de investigación de 120 días.
