Adelantar la discusión del reajuste al sector público y resolver asuntos pendientes para el retorno al trabajo presencial, como el presupuesto para cuidados infantiles, entre otros aspectos, solicitaron esta tarde los 16 gremios agrupados en la CUT, entre ellos Fenats Nacional, quienes sostuvieron el primer encuentro con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
La reunión se desarrolló en un ambiente cargado de tensión, después de que la semana pasada, los trabajadores fueran, fuertemente, reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros, al tratar de entregar su pliego de peticiones, que contempla un reajuste salarial de 7.5% para el sector.
La autoridad señaló como fecha de negociación el próximo 22 de noviembre, sin embargo, los dirigentes sindicales estiman que se debe adelantar, para evitar que suceda lo del año pasado, donde con la excusa de la pandemia se les castigó con un reajuste que estaba muy lejos de sus expectativas y, además, se les quitaron beneficios adquiridos históricamente, como el pago total del bono de vacaciones, del cual se les otorgó solo la mitad.
Los dirigentes señalaron que no están dispuestos a seguir pagando todos los costos de la crisis sanitaria y que es momento de recuperar lo perdido. Patricia Valderas, presidenta de Fenats Nacional, insistió en la necesidad de resolver temas como el de los cuidados infantiles, para las funcionarias de la salud pública. Informó que desde mañana, la Mesa del Sector Público dará inicio a sus reuniones de coordinación, cuyo primer paso será la calendarización del trabajo.
Los funcionarios que acompañaban a los directivos se tomaron la calle Teatinos, donde se emplaza Hacienda, mientras se desarrollaba la reunión con el ministro. Aún se encontraban muy molestos por lo sucedido la semana pasada. Llamaron a mantenerse más unidos que nunca, para enfrentar la dura negociación que se avecina.
El pliego de peticiones de la Mesa del Sector Público menciona un bono de $65 mil para todos aquellos que tengan una remuneración mensual bruta inferior a $750.000 y que se desempeñen en jornada completa. Para los de jornada parcial se plantea un monto proporcional a su jornada.
Además, el texto aboga por mayor estabilidad laboral para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos, independientemente de los instrumentos y regímenes que regulen las relaciones contractuales en cada servicio centralizado o descentralizado. Rechaza, también, la dinámica de despidos arbitrarios que se repite cada año.
