Una investigación dirigida por la Fiscalía del Tamarugal y ejecutada por la Policía de Investigaciones permitió detener a cuatro miembros de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes en la región, cobrando a los extranjeros una suma de dinero por trasladarlos desde la frontera a una hostal ubicado en Pozo Almonte y por entregarles la documentación necesaria para seguir su viaje al sur del país.
“Gracias a información obtenida por algunas de las personas que cayeron en manos de esta banda y al trabajo policial con seguimientos y escuchas telefónicas realizado por la Brigada de Trata y Tráfico de Personas, pudimos determinar la existencia de una asociación que operaba desde septiembre del año pasado y tenía por finalidad el ingreso a Chile por pasos no habilitados de ciudadanos extranjeros y su internación en el país, todo ello mediante el pago de dinero, facilitando además la documentación que dichas personas necesitaban para su desplazamiento dentro del país, la cual era falsa”, explicó el fiscal a cargo del caso, Hardy Torres.
La agrupación era liderada por una profesora de nacionalidad venezolana Marialy Cardozo de González, que trabaja en un colegio de Alto Hospicio, quien era la persona encargada de realizar las coordinaciones para el ingreso de los ciudadanos extranjeros, teniendo contacto con personas de afuera del país que les avisaban de la llegada de los migrantes a la frontera con Chile. Con esa información, la imputada contactaba a la ciudadana boliviana con residencia en Chile Lisset Castro Mamani, quien era la encargada de ir hasta la frontera con Bolivia y recoger en un vehículo a los migrantes que ingresaban por pasos no habilitados, trasladándolos hasta Pozo Almonte.
En dicha localidad, los migrantes eran dejados en un hotel ubicado en calle Libertad, donde los imputados Gustavo Fernández Bravo y Alejandra Ulsen Echeverría, previa coordinación con Marialy Cardozo, les daban alojamiento a la espera que esta última imputada les entregara la documentación a quienes necesitaban trasladarse por el territorio nacional, como el certificado de egreso de residencia sanitaria entre otros, documentos que eran falso.
El persecutor agregó que en los cuatro meses que duró la investigación preliminar se pudo establecer que la imputada Marialy Cardozo recibió más de 21 millones de pesos por la actividad ilícita y al momento de detener a los imputados Fernández Bravo y Ulsen Echeverría en el hostal se encontró $17 millones en efectivo.
Entre las personas extranjeras que la organización ingresó al país había adultos, adolescentes y niños, e incluso el ciudadano Domingo Vivas González, de nacionalidad venezolana y de 51 años de edad, que fue encontrado fallecido en Colchane el 17 de marzo pasado formaba parte de uno de esos grupos.
La Fiscalía formalizó a los cuatro detenidos por los delitos de asociación ilícita y tráfico de migrantes agravado, y a Maryalis Cardozo además por falsificación de documentos públicos, solicitando para todos la prisión preventiva por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. La solicitud fue acogida por el juzgado de garantía de Pozo Almonte, fijándose un plazo de investigación de 90 días.
